Por Victoriano Martínez
Que el INTERAPAS no suelte su intención de incrementar las tarifas por el servicio de agua potable no sólo es lógico, sino también necesario. Tan necesario como que las cuotas y tarifas sean vistas como un elemento más de un esquema integral de rescate del organismo.
Que el INTERAPAS convoque a un foro al que invitarán a los diputados para que conozcan las condiciones reales de trabajo de los organismos operadores es positivo, sobre todo ante la actitud tan irresponsable con la que en diciembre decidieron que este año se repitieran las tarifas de agua potable de 2018 en todo el estado.
Que el INTERAPAS, según declaraciones de su vocero, cuestione y se pronuncie sobre los mecanismos para la autorización de las cuotas y tarifas, y descalifique la intervención del Congreso del Estado, se acerca más a un exceso que vuelve a dar tal prioridad a las tarifas, y las coloca encima de una visión integral que también atienda a las condiciones generales de la población.
“El Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí reconoce como un Derecho Humano el acceso al agua de calidad”. Así dice el último párrafo del artículo 12 de la Constitución Política del Estado.
¿Quién debe fijar las cuotas y tarifas sobre los costos de prestar un servicio que es obligación de la autoridad para garantizar un derecho humano?
Actualmente lo hace el Congreso del Estado, integrado por representantes de la ciudadanía al ser electos cada tres años. El mecanismo incluye consideraciones técnicas con la intervención de la Comisión Estatal del Agua y los propios organismos operadores del servicio.
Teóricamente, los elementos técnicos, cuantitativos, cualitativos y hasta de representación de la población están involucrados y considerados en el proceso de definición de las tarifas. En la práctica, no han funcionado.
No es una falla de diseño del procedimiento, sino de los personajes en las instancias que lo operan, cada uno con su propia responsabilidad. El Poder Legislativo, como organismo colegiado que tiene la determinación final, queda más expuesto por la negligencia e irresponsabilidad de sus integrantes.
En diciembre, resultaron tan maniqueos que la discusión sobre el aumento a la tarifa quedó en un sí o no, en lugar de buscar una alternativa que –con una ponderación acorde a encontrar una solución al problema que enfrentan los organismos de agua– contribuyera a resolver la situación.
El 25 de octubre, el diputado Cándido Ochoa Rojas presentó una iniciativa para modificar la Ley de Aguas del Estado para “retirar a los diputados la potestad para decidir la última palabra” en la definición de las cuotas y tarifas por el servicio de agua.
“La intención, es despolitizar los criterios para establecer cada año las cuotas y tarifas de agua, que a veces tenían como rehenes a los organismos operadores, pues actualmente se dejan a un lado los aspectos técnicos y financieros, suficientes para la operación del organismo para calcular las tarifas, privilegiando la rentabilidad electoral”, justifica en el documento Ochoa Rojas.
La idea de que los políticos le dieron la espalda a la sociedad y están enfocados sólo en sus intereses personales y partidistas es un sentir generalizado desde hace tiempo. Pero que uno de ellos lo ponga por escrito y lo suscriba con su firma es una cínica confesión de “no los representamos”.
La alternativa propuesta por Ochoa Rojas para la definición de las tarifas es convertir los actuales consejos consultivos de los organismos operadores de agua en “consejos consultivos y tarifarios”, para que sean los responsables de establecer las cuotas y tarifas.
Para integrarlos propone que se mantengan las representaciones actuales de instituciones de investigación, de educación superior, asociaciones y colegios de profesionistas, asociaciones de empresas prestadoras de servicios, y dependencias y entidades gubernamentales, a las que agrega representantes de sectores económicos y/o sociales, lo que sea que eso signifique.
Primero confiesa que son incapaces de representar a la sociedad y defender sus intereses.
Enseguida delega la acción representativa de aprobar las tarifas del agua en un organismo de difusa integración, que de ninguna manera garantiza que desaparezcan las mismas fallas de personas como ellos –los diputados–, pero sí los coloca más cerca de privilegiar las determinaciones de los organismos, como el INTERAPAS.
Sólo basta con ver al Consejo Estatal de Transporte y los aumentos a las tarifas del transporte urbano, que tradicionalmente aprueba aumentos a las tarifas condicionados a mejoras en el servicio que nunca llegan, para prever el papel de un consejo tarifario para los organismos operadores, como el INTERAPAS.
Que el INTERAPAS no suelte su intención de incrementar las tarifas del agua potable no está mal, pero que se muestre atento a la posibilidad de auto controlarse en ese aspecto abre el riesgo de que la población padezca salidas fáciles, como la propuesta en diciembre de un incremento de prácticamente el 40 por ciento, que castigan a usuarios cumplidos e incentivan a los incumplidos.
No es el mecanismo, son los pervertidos intereses de los actores involucrados. La prueba está en la cínica confesión que hace Ochoa Rojas en la iniciativa con la que presuntamente pretende resolver la situación.
