Por Victoriano Martínez
En los 16 años que lleva de vigencia el derecho de acceso a la información pública, los funcionarios, más habituados a manejarse conforme a sus intereses personales que a ajustarse a lo que los obliga la ley, no dejan de exhibir un cinismo tal que hasta reconocer su irresponsabilidad resulta la mejor forma de deshacerse de cuestionamientos.
“Hay un error de actualización, no nada más en la Secretaría, en varias secretarías”, aseguró Alejandro Leal Tovías, secretario General de Gobierno, para dar por resuelta la discrepancia entre el sueldo real que recibe y el que da a conocer por transparencia. Una discrepancia que se repite, como reconoce, en otras dependencias.
Una justificación que constituye la confesión de que, desde enero que se aprobaron los tabuladores a la fecha, han violado la fracción XI del artículo 84 de la Ley de Transparencia.
Una ligereza que muestra el menosprecio que tienen por el cumplimiento de sus obligaciones legales que, por tratarse de transparencia, tiene la agravante de demostrar el poco respeto que le tienen a la ciudadanía, a la que le niegan información veraz, con lo que incurren en una violación más a la ley en su artículo 13.
No actualizar la información como confiesa Leal Tovías constituye además una violación a la fracción VI del artículo 197 de la Ley de Transparencia.
Los tabuladores fueron aprobados por el Congreso del Estado el 30 de enero. De entonces a la fecha, las dependencias debieron actualizar su información en la Plataforma Estatal de Transparencia en seis ocasiones (en febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), lo que vuelve su falta una violación reiterada de la Ley.
“El servidor público que reiteradamente incurra en cualquiera de las conductas previstas en el artículo 197 de esta Ley, además de la sanción correspondiente por cada violación, será sancionado con destitución de su cargo, e inhabilitación para el ejercicio de otros puestos de servicio público, hasta por quince años”, dispone el último párrafo del artículo 189 de la misma Ley.
La confesión de Leal Tovías lo hace acreedor a esa sanción, y también a los demás incumplidos que señala con su afirmación “no nada más en la Secretaría, en varias secretarías”, es decir, el secretario de Gobierno quedó a deber en su declaración qué otros funcionarios como él deben ser destituidos e inhabilitados.
Si la transparencia ha permitido ver el poco respeto que tienen los funcionarios por la legalidad, también ha mostrado la razón de tal cinismo: la impunidad. El mayor incentivo que tienen para violar la ley es que nunca les pasará nada.
Si la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública merece una mención en esta situación, no es como la que pudiera imponer el orden –aunque debiera hacerlo por ley–, sino como el organismo simulador integrado por tres comisionados coludidos en ese pacto que burla los derechos de la ciudadanía.
