Salieron tan rapaces como sus antecesores. Al menos las señales en ese sentido, por parte de los diputados de la LXII Legislatura, no dejan de acumularse.
Cuando en el mes de enero la austeridad republicana lopezobradorista los alcanzó y vieron su sueldo reducido de 115 mil a 104 mil 500 pesos, no tardaron ni un mes para –en la Junta de Coordinación Política– fraguar un esquema secreto para recuperar, no los 10 mil 500 pesos perdidos, sino 20 mil.
La primera versión, publicada el 1 de marzo en El Agujero de Astrolabio Diario Digital, atribuye la creativa propuesta al diputado Eugenio Govea Arcos: aumentarle 20 mil pesos a la bolsa de 60 mil pesos con la que en ese momento contaban los diputados para repartir entre sus asesores.
El prurito del qué dirán del entusiasmado diputado Edson Quintanar fue salvado con facilidad. Acordaron dejar fuera del acta de la sesión el tema para que no quedara ningún rastro. Además, la coordinadora de Finanzas, Martha Elva Zúñiga Barragán, se encargaría de los movimientos contables para que el reparto no se detectara fácilmente.
Marcelina Oviedo, destituida en esos momentos como oficial mayor, confirmó la versión de El Agujero y, enseguida, el propio Quintanar reconoció en entrevista que se dio el aumento.
Entre las declaraciones del resto de los diputados, destaca que el 14 de marzo, el diputado Edgardo Hernández Contreras mencionó rumores de que los diputados le quitan dinero a sus asesores. “He escuchado leyendas internas, pero no me consta”, dijo.
El duelo de acusaciones, que dicen que presentarán como denuncias, entre Paul Ibarra y la diputada Alejandra Valdez, el primero por extorsión y la segunda por difamación, son la secuela de aquella historia revelada en marzo.
La legisladora entra a esa contienda con el déficit de credibilidad heredado de sus antecesores, al que se la acumulan las malas señales de la actual Legislatura que, lejos de diferenciarse de la anterior, desde el inicio comenzó con actos que la empezaron a igualar con la LXI Legislatura.
Sobresale que el conflicto viene a confirmar el aumento de 20 mil pesos para asesores, que se hizo público en marzo, aunque Valdez asegure que hasta ahora se entera.
Si bien una golondrina no hace verano, por los antecedentes y acuerdos ocultos entre los legisladores, como quedó evidencia en marzo, hacen del caso de Paul Ibarra, más que un hecho aislado, un indicio de posibles maniobras que realizan los diputados –como en su momento lo hicieron sus antecesores– para apropiarse de recursos públicos.
Acordar dejar fuera de acta la aprobación de ese aumento y comisionar a la coordinadora de finanzas para hacer movimientos contables para que un reparto de recursos no se note ya no sólo tienen la confirmación en declaraciones de Oviedo y Quintanar, sino la exhibición de acciones atribuidas como consecuencia precisamente a ese incremento.
Las leyendas internas que no le constan a Hernández Contreras, parecen comenzar a dejar constancia.
