Alejandro Rubín de Celis
No hubo algo que hiciera cambiar de opinión a Xavier Nava Palacios para que modificara la solicitud de un incremento desproporcionado al servicio de agua potable con cargo a los usuarios cumplidos. A pesar de las voces en contra de representantes populares y de un experto de El Colegio de San Luis, el presidente de la Junta de Gobierno del Interapas mantuvo su posición y muy poco dijo de los grandes deudores cuya cartera vencida podría sacar de la crisis al organismo operador de agua.
Es verdad que la administración anterior no hizo nada por recuperar esa cuantiosa deuda, pero eso no es excusa para que se aumente la tarifa casi en un 40 por ciento a los usuarios que con esfuerzo pagan puntualmente. El director del Interapas, Ricardo Fermín Purata argumenta que el alza representa para los usuarios la erogación de 50 pesos bimestrales que equivalen al costo de dos refrescos grandes, lo que no dice es que en 2019 sobrevendrán incrementos en la gran mayoría de productos y servicios de consumo generalizado, incluso por encima de la inflación, por lo que el incremento de marras sí representa un duro golpe para la economía familiar.
En el tema del monto que se debe fijar a la tarifa de agua no sólo se debe tomar en cuenta lo que dice la ley o lo que marca un decreto, o bien el aumento de ciertos insumos como la energía eléctrica. Es necesario hacer una valoración integral que por supuesto incluya las condiciones económicas de los usuarios del servicio, los salarios, la inflación y otros factores económicos, y no bajo un planteamiento simplista relacionado con el costo de un par de bebidas en el mercado.
Es probable que el día de hoy el Congreso del Estado apruebe el alza a la tarifa de agua en un 39.85 por ciento, a menos que la presión social en el recinto legislativo y el voto de la mayoría de los diputados lo eviten. Un asunto que está claro es que la Auditoría Superior del Estado (ASE) se equivocó al hacer el cálculo con base en el decreto 594 y fijarlo en 14.34 por ciento, que fue asumido por la Comisión de Vigilancia a la cual después le enmendaron la plana para que retomara el monto inicialmente aprobado de casi un 40 por ciento.
En relación a los grandes deudores del servicio, respecto de los cuales Nava y Purata han dicho muy poco, llama la atención el engaño en el que incurrió el Interapas al responder a un solicitante de información que pidió la lista de los 100 principales deudores del organismo y que en respuesta le entregó al peticionario un documento elaborado en 2013 con los datos de los morosos testados ─tachados, pues─ porque supuestamente eran reservados, lo que motivó un recurso de queja que llevó a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) a resolver que los nombres de los deudores tienen carácter público.
El argumento del director del Interapas para incurrir en ese engaño es que se corría el riesgo de que les aplicaran una multa de 30 mil pesos supuestamente por revelar información reservada y que, además, el organismo ha implementado una estrategia conciliatoria que consiste en conminar a los deudores, a base de notificaciones y requerimientos, para que se pongan al corriente. ¿Se justifica hacer un llamado de manera civilizada a los grandes deudores, en especial a fraccionadores y empresas inmobiliarias que por años o hasta por varios trienios han dejado de pagar, teniendo la capacidad financiera para hacerlo? ¿No es momento ya de exigirles que se pongan al corriente aunque sea en parcialidades pero pagando cantidades importantes respecto de sus adeudos para que el organismo operador pueda salir de la crisis lo más pronto posible y ofrecer un mejor servicio a la población?
Ha sido un secreto a voces que poderosos empresarios financian campañas de candidatos a la alcaldía de la capital a cambio de obtener privilegios cuando éstos asumen el poder, como no pagar el agua y el predial y obtener permisos de todo tipo sin llenar los requisitos legales. En un acto de transparencia y honestidad, sería plausible que Nava dé a conocer si recibió financiamiento privado de alguno o algunos de esos empresarios. ¿Será capaz de ser tan transparente?
Veremos si el alcalde de San Luis Potosí, en su carácter de presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, y el director del organismo operador, tienen el valor de cobrarles a los principales deudores. Por lo pronto están obligados a dar a conocer la lista de los 100 más importantes que han caído en cartera vencida puesto que el órgano garante de la transparencia estableció desde hace más de 4 años que esos datos son públicos. Si no lo hacen a la brevedad quedará claro que hay una intención de protegerlos.
Lo cierto es que más allá de que se autorice o no el alza a las tarifas, Nava Palacios tiene la obligación de ir por los morosos para que el Interapas se recapitalice y no dependa sólo del pago de los usuarios cumplidos.
Por supuesto que los diputados tienen la mayor responsabilidad ─para bien o para mal─ en el asunto del agua. Están ante la disyuntiva de votar a favor del aumento desmedido de casi un 40 por ciento, en cuyo caso darían una muestra más de que van en contra del mandato que los electores les dieron en las urnas de representar el interés general, o votar en contra y reivindicarse, luego de que ya han llevado a cabo acciones que van en contra de sus representados.
No obstante el empecinamiento de Xavier Nava para que la tarifa se incremente en forma desproporcionada, los legisladores son quienes tienen la última palabra. Veremos de qué están hechos y a qué intereses responden.
