Por Victoriano Martínez
Dos camionetas de EMSA Valles amanecen quemadas y junto a ellas mensajes de un grupo delictivo.
Toda acción delincuencial es un desafío para las autoridades responsables de garantizar la seguridad de la sociedad, así sea la que padece el peatón a quien le roban su celular o un caso como el atentado en Ciudad Valles.
Son actos que los delincuentes, sean menores o los señalados como crimen organizado, cometen por dos razones muy simples: pueden hacerlo y no enfrentan consecuencias.
Su capacidad para hacerlo se alimenta y crece en la misma proporción en que no hay consecuencias.
El gran reto para las autoridades de seguridad se llama impunidad y cada vez que no se supera la prueba de su combate, el monstruo delincuencial gana más poder.
Toda acción criminal, como expresión de ese creciente poder, se vuelve así un desafío más allá de las autoridades, un reto para la sociedad entera: ¿hasta dónde se debe tolerar la permanencia de autoridades que fallan en garantizar un derecho tan elemental como la seguridad?
Alentar el poder criminal con la impunidad es abrir el camino a la pérdida de otros derechos y, sobre todo, de libertades.
Quien padece un robo callejero, saldrá con temor de su casa o limitará sus salidas.
Dos camionetas quemadas y un mensaje amenazante a un medio periodístico, independientemente de las circunstancias que rodeen el hecho, dejan ver la clara intención de intimidar, no sólo a EMSA Valles, sino a todos aquellos que también se dedican a ejercer la libertad de expresión.
Sobre todo, cuando se informa escuetamente que dejaron cartulinas con amenazas para el periódico y extensiva a otros medios de la zona Huasteca.
Una acción que –si las autoridades no dan una respuesta rápida y efectiva como no lo han hecho hasta ahora– provoca consecuencias que afectan el flujo informativo en la sociedad y, con ello, el derecho a la información en su concepto más amplio contenido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los atentados criminales son la primera agresión contra las libertades de todos. Que las autoridades incumplan con su obligación de prevenir, proteger y procurar justicia igualmente agrede las libertades al contribuir a que los delincuentes amplíen su espacio en detrimento de los derechos de la sociedad.
Al detener a quien roba un celular en la calle o al deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables de atentados como el de EMSA Valles, la autoridad no le responde a quien perdió su celular o al medio, sino que inhibe la comisión de otros delitos en favor de la libertad de todos.
