Oswaldo Ríos
El nuevo Congreso no podía empezar de peor manera. Superados los desencuentros iniciales entre los grupos parlamentarios y las guerras brutales al interior de los mismos, la nueva Legislatura pudo finalmente construir acuerdos para repartirse la estructura operativa y de soporte del Poder Legislativo, así como las comisiones.
Terriblemente, el acuerdo sirvió para que en los nombramientos de algunos coordinadores, la nueva Junta de Coordinación Política demostrara que como órgano colegiado es incapaz de exigir que las propuestas de los partidos que la conforman tengan un mínimo de respetabilidad social y viabilidad política, pero sobre todo, que cumplan con la legalidad, ahí en el lugar en el que se hacen las leyes.
La falta de pudor se repartió a partes iguales. PRI, PAN y MORENA demostraron que a la hora de imponer funcionarios del Congreso, sus discursos “éticos” son basura política.
En la semana, los nombramientos que merecieron la atención de la prensa y el rechazo de algunas organizaciones ciudadanas fueron los de los torancistas Jesús Conde como contralor interno y Martha Elva Zúñiga como tesorera, pero sin duda alguna, aunque existe una descarada operación mediática para que no se hable de ello, la peor infamia de este Congreso ha sido nombrar ilegalmente a la ingeniera agrónoma Marcelina Oviedo como oficial mayor.
Jesús Conde fue propuesto por la fracción priísta y se le acusó de tolerar abusos e irregularidades en el manejo de recursos públicos durante el toranzato y cometer presuntos actos de corrupción que el propio Conde exigió fueran probados por las organizaciones que lo acusaron, sin que hasta el momento estas hayan respondido.
El problema de Conde no es haber sido inhabilitado por manejos nauseabundos (como Luis Nava, funcionario del gobierno priísta de Toranzo igual que él y quien hoy forma parte del impoluto Frente Carrerista Anticorrupción que lo señala con dedo de fuego), en todo caso, su pasivo es haber tenido una gran responsabilidad política en un gobierno fracasado y corrupto. Y con todo, fue Jesús Conde quien tuvo el comportamiento más honorable de todos los involucrados en este sainete de hipocresías cuando decidió renunciar a la posición y dejar de transferirle al Congreso el costo político de su propio desgaste. Hoy Conde ya no es funcionario del Congreso y con ello, el priísta ha demostrado tener la vergüenza que tanto adolecen Martha Elva Zúñiga y Marcelina Oviedo.
Marta Elva Zúñiga camina como priísta, habla como priísta, se mira como priísta, trabajó en un gobierno priísta (el de Toranzo) y sin embargo fue propuesta por el PAN, ¡plop! La impudicia de su propuesta es que ilustra el nivel de complicidad e infiltración que mantiene el PRI dentro del PAN y el amasiato de intereses económicos que ha provocado que un grupo de priístas y panistas adictos al tráfico de influencias amplíe su cartera de negocios a la política parlamentaria y dentro de muy poco al sector inmobiliario en la capital. Sin embargo, a Martha Elva Zúñiga los prianistas (que están fuera del Congreso) no la van a mover. Perder esa pieza significaría quedarse sin la operatividad de una persona que hará todo lo que les pidan, ¡que se joda la Legislatura! Total, París bien vale una misa y la deshonra de una institución un buen “negocito”.
Pero en donde la experiencia política ha sido devastadora ha sido en el empecinamiento de MORENA en imponer, sostener y mantener a un costo de ignominia a la agrónoma Marcelina Oviedo. Suplente de la candidata a diputada federal Paloma Aguilar y muy cercana a Sergio Serrano, la nueva oficial mayor de esta Legislatura será el símbolo y el recordatorio permanente de la mayor de las corrupciones: el pisoteo descarado de la Ley.
La fracción primera del artículo 175 del Reglamento del Congreso exige un inescapable requisito profesional: “Contar con título y cédula profesional legalmente expedidos, relacionados con la función y tres años, cuando menos, de experiencia en el ejercicio profesional”.
El título y la cédula profesional legalmente expedidos sí los tiene, pero de ninguna manera están relacionados con su nueva función. Entre las 13 atribuciones que se le reconocen en la Ley a la Oficialía Mayor, no hay una sola que caiga en el ámbito disciplinario de su profesión como ingeniera agrónoma fitotecnista y por supuesto, mucho menos cuenta con los tres años de experiencia en un ejercicio profesional que nunca ha tenido.
Dos argumentos esgrimen quienes defienden su nombramiento ilegal: que en la Oficialía Mayor de la anterior Legislatura el puesto lo tenía una persona sin el perfil profesional y que no pasó nada, y por otra parte, que el nombramiento de la agrónoma es necesario porque se trata de una mujer honesta.
Dos respuestas: ¡Qué vergüenza que para justificar una decisión, la actual Legislatura tome como ejemplo a la anterior! Aunque hay que admitir que nos ilustra cómo van a terminar en tres años; y por supuesto que Marcelina Oviedo no es una mujer honesta, si lo fuera, no habría aceptado que en su persona se consumara un acto ilegal y de abuso de poder y mucho menos asumiría una responsabilidad para la que ella sabe que no reúne el perfil profesional.
Tan lo sabe, que la nueva oficial mayor se hace acompañar a todos lados de un enjambre de “asesores”. Sanguijuelas desesperadas por adherirse a la nómina del Congreso y que saben tanto de Parlamentarismo, Administración, Derecho o Política como la agrónoma. ¡Y pensar que hasta hace unas semanas varios de ellos iban al Congreso a mentarle la madre a los diputados “por ilegales, corruptos e ignorantes”!
¿Sabrá la agrónoma que la Oficialía Mayor no tiene atribuciones ni presupuesto para contratar asesores? ¿Sabrá la agrónoma la autoridad que pierde cuando es incapaz de asistir a una reunión sin su séquito de “ensaliva-oídos”? ¿Sabrá la agrónoma la responsabilidad histórica que va a adquirir cuando esta legislatura se despeñé por hacer las cosas mal desde el inicio y todos reparen en su nombramiento espurio?
Nombramientos de vergüenza. Legislatura de innombrables, igualita que la anterior.
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