Fernanda Durán
Apunto de concluir la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, activistas, especialistas y organizaciones civiles han señalado la ineficiencia y falta de compromiso de los legisladores para abordar los problemas que afectan a la entidad. En comparación con sus antecesoras, se destacó por una serie de fallos legislativos y un desempeño cuestionable, dejando mucho que desear en cuanto a la atención de las necesidades de la ciudadanía.
En términos cuantitativos, la LXIII Legislatura presentó un menor número de iniciativas en comparación con las dos legislaturas anteriores. Mientras que la LXI legislatura ingresó 1,512 iniciativas y la LXII aumentó a 1,688, la actual solo presentó 1,071 iniciativas, reflejando una disminución significativa en su productividad, de acuerdo con lo reportado en la última gaceta parlamentaria de cada una.
A pesar de este menor número, el porcentaje de iniciativas aprobadas ha sido mayor, alcanzando un 48.9 por ciento, por encima del 44.72 por ciento de la LXII y el 41.27 por ciento de la LXI. Sin embargo, la eficiencia no se traduce en un impacto positivo, ya que muchas de las iniciativas aprobadas carecieron de trascendencia o no respondieron a las demandas reales de la población.
Guadalupe González Covarrubias, de Ciudadanos Observando, enfatizó que esta legislatura ha estado marcada por un aumento en la nómina, destinado al pago de honorarios, sin que esto representara una mejora en la capacidad legislativa. Esta ineficiencia se refleja en los altos índices de pendientes de resolución, con un 23.06 por ciento, cifra superior a la de la LXII legislatura que fue de 17.35 por ciento, lo que muestra una incapacidad de dar seguimiento a las iniciativas planteadas.
Desde el ámbito de la movilidad, Víctor Hernández, integrante del colectivo Pedaleando SLP, describe a la legislatura como “escandalosamente ineficiente”, por la falta de acción respecto a la armonización de las leyes estatales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, lo que representó una oportunidad perdida para acceder a fondos federales y posicionar a San Luis Potosí en iniciativas globales, además de que “se traduce en un aumento de lesiones y muertes por siniestros viales”, un resultado que pudo haberse evitado con una legislación adecuada.
En el ámbito de los derechos humanos y la justicia, Claudia Espinosa Almaguer, abogada penalista y consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), critica que se produjo una “política simbólica”, es decir, una simulación de que se legisla en beneficio de sectores vulnerables, especialmente mujeres y niñas. Espinosa señala que se aprobaron iniciativas como la explotación reproductiva mediante vientres de alquiler, presentadas como avances feministas, mientras se ignoraron reformas fundamentales como la despenalización del aborto, lo que revela un manejo incongruente de los derechos fundamentales.
Iniciativas retiradas y caducadas: un retroceso legislativo
Uno de los aspectos más alarmantes de la LXIII Legislatura ha sido el aumento exponencial en el número de iniciativas retiradas, alcanzando 113, en comparación con solo 3 de la LXII Legislatura y ninguna en la LXI. Este fenómeno es resultado de una reforma aprobada en diciembre de 2016, que permitió a los legisladores desistirse de iniciativas, lo que revela una tendencia a proponer sin el debido análisis, solo para retractarse posteriormente.
A pesar de que esta legislatura cuenta con un número relativamente bajo de iniciativas caducadas -a 19 en comparación con las 303 de la LXII Legislatura-, existen más de 100 iniciativas que, aunque no han sido formalmente declaradas como caducadas, han pasado casi tres años sin resolución, lo que deja en evidencia la falta de capacidad para darles seguimiento adecuado.
Según la Ley Orgánica y el reglamento para el gobierno interior del Congreso del Estado, la caducidad de las iniciativas debe declararse tras un plazo de seis meses sin que se haya dictaminado, un proceso que no siempre se cumple de manera eficaz.
El manejo legislativo de la LXIII Legislatura también fue señalado por sus constantes reveses ante la Suprema Corte. Claudia Espinosa menciona que, aunque estos retrocesos no son nuevos, en esta legislatura fueron “más mediáticos”, y criticó que, a nivel político, los legisladores no ejercieron su papel como oposición en un contexto democrático. “No representaron ser ninguna oposición, no hubo diversidad de opiniones ni contrapesos”, lamenta Espinosa, señalando que esto afectó la calidad del debate político en el estado.
Por su parte, Víctor Hernández destaca que la cantidad de reformas invalidadas por la Suprema Corte es “histórica”, atribuyendo esta situación a una falta de compromiso y seriedad en la elaboración de leyes, lo que resulta en una constante invalidación de iniciativas.
Además, considera que esta actitud refleja una preocupante despreocupación por parte de los legisladores, quienes parecen actuar con la seguridad de que sus reformas serán revertidas por la Corte.
Finalmente, Guadalupe González subraya que la falta de aprendizaje de errores pasados ha llevado a una creciente incompetencia legislativa. “Cada legislatura parece estar en un concurso para ver quién es el más incompetente”, concluye, lamentando que la ineficiencia del Congreso no solo persiste, sino que se agrava con el paso del tiempo.
Durante esta gestión, el poder legislativo mantuvo una actitud de desdén hacia las propuestas ciudadanas, mientras realizaba revisiones expeditas de las propuestas políticas de su interés, como en el caso de la votación de la reforma judicial violando el proceso legislativo y la Ley Orgánica.
