Por Eduardo Delgado
La magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí (TESLP), Yolanda Pedroza Reyes, propuso reformar diversas normas y la aprobación de una ley para prevenir, investigar y sancionar la violencia política contra la mujer. Ello luego de que fue acosada por sus pares, quienes permanecen impunes.
En el marco de los foros de consulta sobre la Reforma Político Electoral, Yolanda Pedroza expuso que en febrero del año 2007 se aprobó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero enfocada a dar seguimiento a feminicidios y la violencia contra la mujer en el ámbito familiar.
“Dejando de lado la protección para las mujeres que pretenden alcanzar espacios políticos”, advirtió. Incluso a pesar de que México ha firmado convenios internacionales inscritos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, añadió.
Está por cumplirse un año, el próximo 30 de marzo, de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acreditó que la magistrada fue víctima de violencia política de parte de sus compañeros Rigoberto Garza de Lira y Oskar Kalixto Sánchez, quienes le aseguraron sus oficinas y le impidieron el acceso a información y documentos indispensables para ejercer su función.
Los entonces magistrados integrantes de la Sala Superior turnaron el caso al Senado de la República y a la Contraloría Interna del TESLP, para que revisaran ese caso de violencia, acoso, discriminación e inequidad política. Los senadores se deslindaron con el argumento de que no existe forma de sancionar a los agresores.
Yolanda Pedroza refirió, en el foro de consulta celebrado el pasado viernes en la capital, que en el proceso electoral 2014-2015 “se suscitaron infinidad de actos de violencia en contra de las mujeres por su participación política y es por ello que se han generado importantes propuestas en la Cámara de Senadores, para reformar diversas normas”.
Con la finalidad, agregó, de que la violencia política contra la mujer “pueda ser sancionada tanto administrativamente como penalmente”, cuyas iniciativas se encuentran pendientes de aprobación, sin embargo “ello no es obstáculo para que el Congreso Local haga lo propio”, enfatizó.
Y proceda a la adecuación del marco jurídico local para prevenir, erradicar y, en su caso, sancionar conductas violentas que se lleguen a generar en el ámbito electoral, y que repercuten de manera sustancial en los procesos democráticos, “pues es un hecho notorio que a medida que se incorporan más mujeres al campo político, mayores son los riesgos de violencia por asimetría y jerarquías derivadas del poder”, abundó.
Por esa razón propuso al Congreso del Estado reformas para dotar a la Procuraduría General de Justicia del Estado, al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y al Tribunal Electoral del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones prevengan, indaguen y castiguen la violencia política contra las mujeres.
