Necesarias, sesiones públicas presenciales y a distancia en el Congreso del Estado

octubre 12, 2018
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Alejandro Rubín de Celis

Desde siempre, la realización de sesiones privadas en comisiones, comités y en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado ha sido uno de los mecanismos más usados por los diputados para ocultar negociaciones, discusiones comprometedoras, acuerdos ─muchas veces inconfesables─ y criterios para la toma de decisiones, a espaldas a la sociedad.

Por esa razón, la propuesta de reforma presentada por la diputada Beatriz Benavente cobra especial interés justamente en momentos en que la ciudadanía exige una real transparencia y rendición de cuentas por parte de servidores públicos y representantes populares, al margen de simulaciones y demagogias. La iniciativa ya fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen y está encaminada principalmente a que las sesiones de la Jucopo ─órgano donde se toman algunas de las decisiones más relevantes del Poder Legislativo y en el que se decide sobre el destino de los recursos públicos asignados a ese poder─ se transmitan en tiempo real a través del portal del Congreso del Estado.

Pero ¿qué tan necesaria resulta la iniciativa en cuestión si las normas internas del Congreso ya contienen disposiciones al respecto? la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece en su artículo 40 que “Unicamente (sic) serán objeto de sesiones privadas, los asuntos relativos a los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos…”, y el artículo 41 de su Reglamento Interno va en el mismo sentido. ¿Por qué entonces reuniones de la Jucopo como la que se realizó para designar funcionarios del Congreso tienen carácter privado, y los de algunas comisiones que no tienen que ver con las disposiciones legales señaladas, también?

No obstante, la iniciativa de reforma de la diputada Beatriz Benavente quizá no esté de más pues adiciona un párrafo al artículo 22 del Reglamento que, de aprobarse en sus términos, establece que “Las reuniones de la Junta tendrán el carácter de públicas, salvo cuando en los términos del artículo 41 de este Reglamento sea necesario decretarlas como privadas…” y plantea que se transmitan en tiempo real mediante la página de internet del Congreso.

Como respuesta a esta iniciativa algunos legisladores se pronunciaron a favor de la misma. El diputado Cándido Ochoa fue más allá y dijo que todas las sesiones de comisiones y de la Jucopo deben ser públicas ─extraño en él porque ha demostrado en su trayectoria política ser más proclive a la opacidad que a la transparencia─.

El alcance de la iniciativa de marras es limitado puesto que se reduce sólo a las sesiones de la Jucopo y a que se transmitan por internet.

Una genuina actitud ─acompañada de acciones concretas─ en torno a la transparencia y el acceso a la información pública requiere de que los diputados vayan más allá de la iniciativa presentada y de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

En un artículo de opinión publicado en 2011 ─y antes en un Congreso Internacional y otros espacios de discusión pública─, Samuel Bonilla Núñez, especialista en transparencia y acceso a la información pública con énfasis en la utilidad social de esta prerrogativa, planteó la necesidad de hacer valer el derecho que tienen los gobernados de acceder físicamente a las sesiones de entidades públicas, dadas las enormes ventajas que tienen para observar, analizar y conocer, en el momento mismo y el lugar en que se desarrollan, las discusiones que se dan en torno a temas de interés general, la forma como se construyen los acuerdos, y los criterios y argumentos que se esgrimen para la toma de decisiones, entre otros.

En 2012, la diputada Bernardina Lara Agüelles presentó la “Iniciativa de Ley de Sesiones Públicas del Estado y Municipios de San Luis Potosí” que va en el mismo sentido, pero nunca fue sometida a votación en el pleno.

Por la alta responsabilidad social de su funciones y por el impacto de sus decisiones legislativas en la vida pública, el Congreso del Estado no escapa a la necesidad de ser transparente y aprobar que todas las sesiones de comisiones, comités y de la Jucopo, sean públicas y que por ende las personas que así lo deseen puedan apreciarlas in situ, como parte de su derecho a saber sobre las cuestiones públicas y para tomar mejores decisiones.

Se hace pues necesario ampliar la iniciativa de la diputada Beatriz Benavente para que no sólo aplique a la Jucopo y legislar en materia de sesiones de las distintas instancias del Congreso para que a éstas pueda acudir el público en forma presencial, salvo ciertas excepciones, plenamente justificadas, que se agreguen a una nueva ley o que se incorporen, con la necesaria amplitud y claridad, a las normas vigentes.

La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas han sido ampliamente utilizados en los discursos de la clase política, en muchos casos sólo para aparentar que se tiene la convicción de ejercerlos, pero hay innumerables casos en que, en los hechos, se ha demostrado todo lo contrario.

En el nuevo entorno político y social en que nos encontramos, donde una mayoría de electores ha votado por un cambio de régimen, y en consonancia con los compromisos que en estos temas ha adquirido el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y algunos integrantes de su equipo, es menester acabar con la apariencia y la simulación y poner manos a la obra para hacer realidad ─de una vez por todas─ el derecho humano a la información y el derecho a saber sobre los asuntos públicos.