Por Victoriano Martínez
La de las víctimas, por el sólo hecho de convertirse en tales, se vuelve una experiencia en la que cada paso que dan por obtener justicia los hace toparse frecuentemente con esperanzas momentáneas que muy pronto se convierten en desilusiones –de mayor permanencia– por la indolencia de funcionarios para quienes la no re victimización es sólo un discurso.
El pasado viernes, en la Plaza de Fundadores, Griselda Haro y su hijo Axel Acalli, lograron exponer al presidente Andrés Manuel López Obrador el despojo de que fueron víctimas por parte de la empresa American Industries, que incluyó la destrucción de su negocio en Noria de San José, con la complicidad de funcionarios de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
López Obrador mandó llamar al gobernador Juan Manuel Carreras López, quien se encontraba a unos metros de distancia dentro de la valla de llegada al acto masivo.
“Quiero que me lo resuelvas ya”, le dijo mientras le presentaba a Axel Acalli. Carreras López le ofreció una cita para este lunes 27 de mayo. La esperanza momentánea quedó encendida.
Este martes, aquella esperanza ya era una más de las desilusiones que los habitantes de la Noria de San José han acumulado en los últimos tres años.
Y es que no sólo se han tenido que enfrentar a la indolencia del gobernador, sino también a la parcialidad con que la Fiscalía General del Estado ha trabajado la integración de las carpetas de investigación por el desalojo violento y destrucción de un restaurante.
Desde el momento del desalojo, el 14 de julio de 2016, la violencia institucional que los habitantes de Noria de San José han padecido, de tracto sucesivo, estuvo anunciada.
Óscar Candelas Reyes, Eduardo Rodríguez Colunga y Julio César García Meléndez fueron personajes que, aun siendo funcionarios de la CEEAV, actuaron –en pleno desalojo– como operadores de American Industries.
No era la primera vez que hacían algo así. Cándelas Reyes incluso representó legalmente al victimario de un estudiante en Laguna de San Vicente al mismo tiempo que asesoraba a los familiares del asesinado como integrante de la CEEAV.
El 14 de julio de 2016, Rodríguez Colunga daba instrucciones de saquear y destruir el restaurante en Noria de San José, incluso de agredir físicamente a la hija de Griselda Haro, y hoy ocupa el cargo de asesor jurídico en la delegación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Antes que un oasis en el que las víctimas puedan encontrar algo de alivio, las comisiones nacional y estatal de Atención a Víctimas parecen más una trampa para atraer víctimas a lo que realmente es una guarida de especies carroñeras que buscan aprovecharse no sólo de ellas, sino también de los victimarios, a quienes luego también ofrecen sus servicios de asesoría.
El de Noria de San José es uno entre muchos casos en los que las víctimas tienen que luchar hasta porque se les reconozca como tales. Llevan tres años y Carreras López no ha movido un solo dedo por hacer cumplir la Constitución y sus leyes… y parece que tampoco le importa que el presidente de la República se haya pronunciado por que se dé una resolución.
Lejos de romper esa espiral descendente de generar esperanzas-provocar desilusiones, Carreras López –con sus actos– refuerza una postura en la que la no re victimización no es más que discurso, porque en los hechos lo que prevalece es el abuso institucional contra las víctimas.
