Por Antonio González Vázquez
Una vez más, la legislatura pasará por alto el dictamen que autoriza al ayuntamiento de San Luis Potosí la modificación de su contrato de concesión de luminarias con Panavi y en su sesión de este lunes, no será abordado por el pleno. En cambio, si darán entrada a una iniciativa del diputado del PRI, José Luis Romero Calzada para crear “El Día Estatal del Hombre”.
Para la sesión ordinaria de este lunes, la Gaceta Parlamentaria incluye una docena de iniciativas de ley propuestas por distintos diputados, pero no se incluyó el apartado correspondiente a proyectos de dictamen a aprobarse.
Es decir, pese a que desde distintos ámbitos políticos y sociales, e incluso diputados y autoridades del ayuntamiento capitalino han solicitado que ya se resuelva el tema con Panavi, éste sigue fuera de la agenda de los diputados.
Lo que si está en agenda es la propuesta de Romero Calzada quien en exigencia de que exista una auténtica equidad de hombres y mujeres, presenta “iniciativa que propone que se declare el 8 de marzo como “Día Estatal del Hombre” para dar paso a una real equidad e igualdad de género en nuestro Estado”.
Considera necesario “promover una real igualdad de género, fomentar la no discriminación a los hombres, celebrar la masculinidad y resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen diariamente tanto a su comunidad como a la sociedad”.
Así, mientras el asunto millonario de Panavi se sigue aplazando inexplicablemente, si hay cabida para iniciativas como la que presenta Angélica Esther Cárdenas Martínez del PRI, quien propone que para ser candidato a cargo de elección popular se elimine el actual impedimento legal que estipula que quien haya pasado por la cárcel no puede ser candidato.
La diputada del PRI considera que es discriminatorio que alguien que haya sido condenado por cometer algún delito no pueda ser diputado, alcalde o gobernador.
Por tanto, propone derogar de la Constitución Política del Estado el enunciado “y no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión”.
La priísta propone derogar ese enjunciado que aparece en distintos artículos constitucionales relacionados con los requisitos para ser diputado, alcalde y gobernador del estado.
En tanto que el caso de Panavi y su sospechosa propuesta de aumentar el monto del contrato de mil 300 a mil 520 millones de pesos se congela en el limbo, los diputados dan rienda suelta a su tentación a presentar iniciativas inútiles.
