Por Victoriano Martínez
Desde hace diez días los 58 ayuntamientos deben contar con sus planes municipales de desarrollo y sería de suponer, todos los habitantes del estado ya cuentan no sólo con alguna referencia de los mismos sino con el acceso al documento completo de su propia demarcación para tener una idea de lo que puede esperar de sus autoridades.
No hay alcalde que no afirme que en esa planificación se tomó en cuenta a la ciudadanía, que se buscó definir juntos el futuro de su municipio, cual si tuvieran una auténtica vocación por trabajar de la mano de la sociedad para definir sus acciones, pero también de mantenerla al tanto de sus determinaciones.
Pero resultan tan abiertos a la participación ciudadana y con tal vocación de transparencia que, a diez días de que venció el plazo legal, sólo cinco de los 58 ayuntamientos han publicado su Plan Municipal de Desarrollo, pero no como un acto para promoverlo entre los habitantes de su municipio, sino como el cumplimiento de una obligación de la Ley de Transparencia.
Si para darlo a conocer se limitan a cumplir la obligación legal de publicarlo en la laberíntica Plataforma Estatal de Transparencia, no es descabellado suponer que la elaboración de esos planes también responde al cumplimiento de una obligación legal, antes que a una verdadera intención de planificar en beneficio de la población.
Los municipios que hasta la noche de este 10 de febrero publicaron su Plan son Huehuetlán, Matehuala, San Ciro de Acosta, San Luis Potosí y Tampamolón Corona. El resto va desde simular publicarlo con un vínculo al del trienio pasado, a un documento con la afirmación de que se encuentra en proceso y hasta el extremo de afirmar que esa obligación no les aplica.
Limitarse a colocar el Plan en la Plataforma Estatal de Transparencia y no realizar un esfuerzo genuino y comprobable para que la población lo conozca y se le incentive a participar en su realización, restringe su elaboración a una simulación para cubrir una obligación legal, pero carente de intenciones reales.
La difusión que hagan de sus planes más allá de aquella a la que la ley les obliga, y la conversión de esos planes en metas de cumplimiento comprobables y que se lleven a cabo, será el principal indicador del grado de simulación en que incurran las actuales autoridades municipales.
De entrada, la escasa difusión meramente por obligación los hace muy sospechosos y será el tiempo el que muestre si pasan la prueba… o se confirman como simuladores.
