Por Victoriano Martínez
“Mi intención es que San Luis Potosí se distinga en el tema de la justicia”, dijo Juan Pablo Almazán Cue al ser entrevistado el 5 de enero de 2017 luego de que tomó posesión como presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
Tras afirmar que veía como reto recuperar la honorabilidad del Poder Judicial, agregó que “hay muchos retos para que San Luis transite bajo un Estado de Derecho y que el Supremo Tribunal de Justicia respalde el Estado de Derecho”
A casi 30 meses, el Poder Judicial encabezado por Almazán Cue ha transitado por una serie de escándalos que por lo menos, porque han trascendido públicamente, distinguen a su gestión de las de sus antecesores.
Y no es que en las anteriores no hayan existido problemas. Quejas y procedimientos administrativos siempre ha habido. La diferencia es que los procedimientos administrativos han sido muchos más, pero especialmente han aumentado los casos que llegan a otro tipo de instancias.
El número de quejas reportadas por la presidencia del STJE en 2015 fue de 46, para 2016 se reportaron 68, en tanto que –ya con Almazán Cue al frente– en 2017 fueron 55 y en 2018, 51. Una incidencia de quejas dentro del promedio en ese periodo.
En cambio, en el caso de los procedimientos administrativos iniciados, en 2015 fueron 34, para 2016 subió a 49, un aumento del 44.11 por ciento. En 2017, los procedimientos administrativos subieron a 64 (un 30.6 por ciento más con relación a 2016 y un 88.23 por ciento respecto de 2015).
Para el 2018, Almazán Cue reportó en su informe 61 procedimientos administrativos, tres menos que el año anterior, pero cifra muy superior a la de años anteriores.
Bien podría tratarse de un trabajo de depuración y enfocado a la recuperación de la honorabilidad del Poder Judicial, de no ser porque el hecho de que en tres años prácticamente se duplicaran esos procedimientos ha provocado que salgan a la luz pública inconformidades que tienen que ver con un proceder irregular por parte del magistrado presidente.
De entrada, se señala la apertura de procedimientos administrativos como represalias, lo mismo que los cambios de adscripción, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido al menos tres quejas por violencia institucional, hostigamiento laboral, persecución y discriminación.
El Juzgado Cuarto de Distrito emitió una resolución en el expediente 132/2019-IV en la que concluye que el Consejo de la Judicatura, que también preside Almazán Cue, infringió el principio de independencia en perjuicio de un juez.
Tres jueces y una funcionaria que mantiene un litigio por haber sido removida como magistrada lo acusan ante el Ejecutivo y el Legislativo de diversos atropellos que incluyen dictar “líneas y pidiendo atenciones personales para sus allegados o amigos”, además de amenazar con represalias en caso de desobediencia.
Los señalamientos llegan incluso a cuestionamientos sobre el destino de las fianzas, entre las que se menciona la entrega de un millón 800 mil pesos a personas sin relación en los procesos penales en el Juzgado Quinto del Ramo Penal, a cargo Miguel Ángel Saucedo Aranda, a quien se menciona como amigo muy cercano de Almazán Cue.
Todo eso sin contar cuestiones como el pago de 951 mil 677.23 pesos por servicio de fotocopiado, equivalentes a 43 toneladas de papel en fotocopias, o que Almazán Cue gestionó incluso el desalojo de dos vendedoras de alimentos frente al edificio, por dar mala imagen, como si eso dignificara la impartición de justicia.
Como parte del informe de actividades 2018, Almazán Cue difundió un video en el que se afirma que el Poder Judicial se ha convertido en un generador de confianza en el Estado de Derecho y ha logrado una nueva imagen institucional.
El Poder Judicial siempre ha sido un organismo del que poco se habla, pero también que poca confianza inspira, y así lo reconoció Almazán Cue al hablar de la recuperación de su honorabilidad.
Hoy, que a pesar de haber iniciado una gestión que buscaría esa recuperación surgen tantos escándalos, bien valdría la pena que el magistrado no se limitara a justificar los cuestionamientos como producto de actos de dos órganos colegiados, el Supremo Tribunal y el Consejo de la Judicatura.
¿Y si aportara información amplia y clara que demostrara que efectivamente todos esos actos no son atropellos y sí producto de una genuina preocupación por mejorar el aparato de justicia?
