Por Victoriano Martínez
Cuatro semanas después, el nombre de quien sustituirá a Marcelina Oviedo Oviedo en la Oficialía Mayor del Congreso del Estado es Marisol Deniz Alvarado Martínez.
Tras rendir protesta se comprometió a no ser una oficial mayor a modo y a trabajar conforme a la ley.
Aseguró ser propuesta por Morena.
Discurso obvio y políticamente correcto.
Y es así porque pesan sobre su designación las razones por las que Oviedo Oviedo les resultó inconveniente a los diputados, por ejemplo, por no haberse prestado a maniobras como la simulación de una reducción salarial que en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se acordó recuperar por la vía de apoyo para asesores.
Dudas que hoy recaen sobre quienes la nombraron, pero que a partir de ahora queda en sus actos demostrar que su discurso es auténtico, lo que resultará difícil de acreditar.
Con el ejemplo mencionado: ¿cómo hará para demostrar que no se prestará a la maniobra planeada, acordada y omitida en las actas de la JUCOPO?
Más vale que desde un principio comience a echar mano de los instrumentos de transparencia que tiene a su alcance para que la obviedad de su discurso se respalde con sus actos.
Sólo de esa manera podría contrarrestar, no con palabras, que efectivamente no será una oficial mayor a modo y que se apegará a la ley.
Porque todo el proceso de su nombramiento exhibió que quienes la designaron están muy poco comprometidos con los intereses de la sociedad, y en los 28 días que tardó la designación mostraron negociar –incluso unas horas antes de su designación– para que prevalecieran los intereses de un determinado grupo.
Toda una serie de amarres y compromisos hechos a espaldas de sus representados sin documentar de ninguna manera esos actos que, por derivar del ejercicio de sus facultades, la Ley de Transparencia los obliga a hacerlo. Una rayita más en quienes acostumbran violar las leyes, aunque sean quienes las aprueban.
Como beneficiaria de ese proceso tan opaco, a Alvarado Martínez le convendría pedir que se documentara todo el proceso conforme al artículo 18 de la Ley de Transparencia, se hicieran públicos todos los pasos que concluyeron con su nombramiento y así tener un punto de partida para demostrar que no será una oficial mayor a modo.
De lo contrario, la opacidad tras su nombramiento mantendrá una alta sospecha de que se dio porque a los diputados les urgía encontrar una oficial mayor precisamente con la característica que ella asegura que no tendrá.
Si no se transparenta plenamente el proceso del nombramiento y, ya instalada, no actúa con la mayor transparencia, por mucho que pronuncie un discurso obvio y políticamente correcto, la duda prevalecerá, ¿Entonces por qué llegó?
