Por Victoriano Martínez
De los 536 cargos públicos locales que los potosinos distribuyeron con su voto entre los 5 mil 211 aspirantes a ocuparlos, los 27 diputados electos tomarán posesión de su cargo formalmente el 15 de septiembre y los 509 funcionarios que integran los 58 ayuntamientos harán lo propio el 1 de octubre.
La renovación de esas autoridades locales implica 85 procesos de entrega-recepción, incluidos los nueve municipios en los que se dio la reelección, dado que la conformación de los cabildos no será la misma.
Se trata de una de tantas oportunidades en un sistema democrático para que, por un lado, quienes concluyen su mandato le rindan cuentas a la ciudadanía sobre lo que hicieron o dejaron de hacer, en tanto que quienes acceden al cargo asuman el compromiso de que los incumplimientos o ilegalidades cometidos por sus antecesores no queden impunes.
La mejor forma de garantizarlo existe desde 2003 en el Estado, con la regulación del derecho de acceso a la información pública a través de la Ley de Transparencia, hoy renovada y con tal catálogo de información pública que debe difundirse de oficio que, como bien señaló Eduardo Martínez Benavente, si se cumpliera a cabalidad, la entrega-recepción sería algo secundario y muy simple.
De cumplirse con la transparencia, no sólo se facilitaría el proceso de entrega-recepción, sino que a lo largo del trienio las autoridades salientes habrían dejado constancia abierta de su actuación y se reducirían considerablemente los espacios para la sospecha, sino es que para la certeza, de actos de corrupción.
Quienes participen en esos 85 procesos de entrega-recepción necesariamente deben tener claro que no se trata de un juego en el que quienes entregan tratan de ocultar lo que creen que les resulta inconveniente que se sepa y provoquen en quienes reciben la sospecha de ese ocultamiento.
Lo hecho, hecho está. Quienes hoy tienen la obligación de entregar cuentas a sus sucesores están obligados a asumir la responsabilidad de sus actos. El grado de transparencia que asuman en este proceso será el mayor indicador de que confían en que no incurrieron en ilegalidades.
A menor voluntad de transparencia mayor provocación de sospecha. A mayor grado de exigencia de transparencia por parte de quienes están por iniciar su trienio darán una mejor señal de que podrán ser confiables en su gestión, y lo seguirán siendo en tanto se tomen en serio el cumplimiento de las obligaciones de difusión de oficio que establece la Ley.
Los procesos de entrega recepción no son una cuestión entre quien entrega y quien recibe, porque lo que pasa de unas manos a otras son asuntos que involucran a la ciudadanía que los puso ahí.
Transparentar los procesos de entrega recepción dejará ver, entre los que salen y los entrantes, quiénes privilegian el interés público y quiénes lo traicionan.
