Martín Faz Mora
Un puñado de doce diputados salientes negaron a la ciudadanía potosina el derecho a nuevos y mejores mecanismos de participación ciudadana.
Todos los diputados del PRI, seis en total, los dos del Partido Nuevo Alianza, y uno del PAN, PRD, PVEM y del partido local Conciencia Popular rechazaron incorporar el derecho a la participación ciudadana en la Constitución local y la Ley de Participación Ciudadana del Estado. Ello a pesar de que tal iniciativa llevaba prácticamente dos años de preparación y era resultado, en cierta medida, de una serie de foros ciudadanos realizados por el propio Congreso, el Ceepac y organizaciones de la sociedad civil. La votación se resolvió por diferencia de un voto, pues once lo hicieron a favor del dictamen. Tres ausencias resultaron ser decisivas. (Ver cuadro con la votación al final del artículo)
Resulta inverosímil que mientras en las democracias más desarrolladas se asiste a un notorio y significativo crecimiento y diversificación de los instrumentos participativos que permiten a los ciudadanos intervenir en los procesos de toma de decisiones, ese puñado de legisladores salientes vayan a contracorriente.
La iniciativa rechazada, sumaba al plebiscito, referéndum y la iniciativa ciudadana, ya existentes, apenas cuatro mecanismos más: la consulta ciudadana vecinal, el presupuesto participativo, la revocación de mandato y la asamblea ciudadana vecinal. En el país existen leyes que incorporan hasta una docena de diversos mecanismos. Un análisis comparativo de todas ellas distingue hasta 31 diversos mecanismos de participación ciudadana, desde sencillos como los recorridos de la Presidencia Municipal hasta complejos y decisivos como el presupuesto participativo y la revocación de mandato.
Entre los alegatos vertidos por quienes votaron en contra se argumentó, entre otros dislates, que no quedaban claras las causas para llevar a cabo una revocación de mandato. ¿Por qué entonces no eliminar sólo tal mecanismo y aprobar el resto? ¿Por qué, de plano, rechazar las modificaciones a los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Estado para incorporar el derecho a la participación ciudadana? Absurdo.
Conviene señalar que en los términos planteados en la iniciativa, la revocación de mandato es prácticamente imposible de realizar, pues requiere para la simple tramitación de solicitud la firma del cincuenta y uno por ciento de la votación válida emitida y de por lo menos treinta y nueve municipios, lo que significan 522 mil 435 firmas para apenas solicitar la revocación de mandato del actual gobernador, quien obtuvo 380 mil 138 votos, es decir ciento cuarenta mil votos menos de los que se solicita a la ciudadanía. Así ¡ni cómo! El rechazo de los legisladores atraviesa el sendero del desdeño por la participación ciudadana bajo el amparo de excusas tan triviales como insostenibles.
Tan sólo algunas semanas antes, en la anterior Sesión extraordinaria del 10 de agosto, el dictamen había sido retirado, de acuerdo a versiones periodísticas: “…la Directiva del Congreso no incluyó el tema en la Gaceta Parlamentaria por órdenes del Poder Ejecutivo” (Pulso, nota de Patricia Ruíz, edición del 12 de agosto del 2018), dicho por fuentes del Legislativo, asegura la nota. De ser así, el origen del rechazo es muy otro.
Por donde se vea resulta ominoso el rechazo de una exigua mayoría legislativa que, de salida, desdeña y niega a la ciudadanía del estado el legítimo derecho para participar de manera directa en las decisiones públicas mediante la construcción, decisión, ejecución y evaluación de las políticas públicas, a través de mecanismos de participación.
El reconocimiento a los once integrantes de la legislatura que votaron a favor.
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