Alejandro Rubín de Celis
En un acto de auténtica austeridad republicana, los diputados de la LXII legislatura del Estado acabaron por aumentarse el sueldo en lugar de reducirlo, como lo habían anunciado. Llegaron a proponer incluso una disminución del 50 por ciento. Pero no es nada nuevo, al menos desde la pasada legislatura el ingreso reportado por los congresistas ha sido un auténtico engaño.
En agosto de 2016, los diputados de la pasada legislatura, que ha sido la peor de la historia de San Luis Potosí “hasta ahora”, aprobaron una supuesta reducción de sus ingresos al integrar los llamados apoyos legislativos, que significaban, conjuntamente con el sueldo base, el pago de 216 mil 824 pesos para cada uno, que supuestamente quedaría en 114 mil pesos. Lo que nunca dijeron es que no incorporaron conceptos como el apoyo al Comité de Gestoría y Quejas ni el de gastos médicos menores, con los que su remuneración alcanzaba los 167 mil 73 pesos. En 2017 también anunciaron que desaparecerían la ilegal e inconstitucional partida de Gestoría Institucional ─que además fue motivo de documentados actos de corrupción─, la cual acabaron manejando de manera discrecional.
Ahora, nuestros ilustres representantes populares acaban de aprobar un presupuesto de 81 millones 370 mil 546 pesos para sus emolumentos durante este 2019, lo que representa un ingreso bruto mensual por cada legislador de 251 mil 143.66 pesos, y de 8 mil 371.45 pesos diarios ─un trabajador, con el nuevo salario mínimo de 102.68 pesos, necesitaría 81 días de trabajo para ganarlos─. Y en el 2018, al parecer, tuvieron casi las mismas percepciones.
Según el apartado de transparencia del Congreso del Estado, los diputados tuvieron un ingreso bruto, de enero a octubre de 2018 ─el dato de octubre es el más reciente que se publica─ de 162 mil 816.04 pesos al mes. Sin embargo, de acuerdo al Presupuesto de Egresos del año pasado, publicado en el Periódico Oficial del Estado, ganaron 250 mil 646.25 pesos mensuales cada uno (ver tabla abajo).
La fracción XI del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado establece que los entes obligados deben hacer pública “La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”, de manera que es de suponerse que el ingreso reportado en el apartado de transparencia del Congreso del Estado es el que incluye todos los conceptos que integran las percepciones de los diputados.
Lo anterior significa que cada diputado de la anterior y de la actual legislatura obtuvo ingresos adicionales durante el año pasado por 87 mil 830.21 pesos al mes, lo que representa 28 millones 456 mil 988.04 pesos en el año, entre la totalidad de los congresistas. Y si no fuera así, entonces, ¿a dónde fueron a parar esos recursos adicionales?
En la primera sesión de la nueva legislatura, diputados morenistas propusieron reducir los ingresos en un 50 por ciento, pero la propuesta no prosperó y cómodamente todos los legisladores se dispusieron a cobrar su quincena completa bajo el argumento de que esperarían a ver en qué términos quedaba la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y, aunque ya la conocen desde hace varios días, decidieron asignarse un ingreso de 251 mil 143.66 pesos.
Con este cuestionable acto, si decidieran más adelante reducir sus emolumentos, incluso hasta en un 50 por ciento, ¿qué importaría, si de todas formas ganarían 125 mil 571.83 pesos al mes?
¿Dónde quedaron las buenas intenciones de los diputados morenistas que sostenían que habrían de reducir sus ingresos a la mitad? ¿Por qué al menos ellos, que se supone forman parte del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, no lo hicieron? Porque del resto de los legisladores, que vienen de los partidos convencionales que siempre han saqueado el patrimonio público, no se podía esperar más que buscar cómo proteger esos jugosos sueldos y hasta incrementarlos… y lo consiguieron.
Por lo visto, con esta y otras decisiones y acciones tomadas con anterioridad, que apuntan a preservar intereses particulares, la LXII legislatura del estado va que vuela para superar a su antecesora y convertirse en la peor legislatura de la historia, a menos que en este caso modifique el presupuesto, para lo cual tiene hasta el día 20 de este mes, y que decisiones futuras verdaderamente respondan al interés público.
Se ve difícil, muy difícil.
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