Por Victoriano Martínez
Cuando lo que prevalece es la vocación por la opacidad, se recurre a argumentos aparentemente válidos sin tomar en cuenta que los antecedentes ya han demostrado que carecen de sustento, con tal de negar información pública.
Tal es el caso de la declaración de reserva de la información sobre las armas que han sido robadas a agentes de la Policía Estatal o que han sido extraviadas entre enero de 2006 y diciembre de 2018, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
La SSPE afirma que entregar la información expondría “a un riesgo inminente a quien, en aras de cumplir cabal y fielmente su trabajo, sea vulnerado con este tipo de información que resulta vital para los criminales, pues tendrían toda la oportunidad de neutralizar proactivamente las acciones de proporcionar seguridad y protección a las personas”.
De ser cierto eso, la SSPE tendría que reclamar o recurrir a alguna medida legal en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional por haber revelado en septiembre de 2017 que, de enero de 2016 a ese mes, se encontraban reportadas como extraviadas o desaparecidas 174 armas cortas y largas: 86 pertenecientes a la SSPE y 88 a la PGJE.
Más aún, la SSPE tendría ya un recuento de los daños provocados por tal indiscreción de la SEDENA.
Parte del argumento para ocultar esa información pública es que “evidenciaría los recursos materiales que son proveídos a los agentes pertenecientes a la corporación para realizar sus funciones y la capacidad de respuesta que tienen”.
De entrada, el argumento no se sostiene por sí mismo, ya que si las extraviadas o robadas representan “los recursos materiales que son proveídos a los agentes”, equivaldría a que les han robado y/o han extraviado todo el armamento.
Si la indiscreción de la SEDENA no ha dejado evidencia de los daños que hoy son argumento para ocultar información, la propia SSPE proporcionó, el 5 de diciembre de 2017, como respuesta a una solicitud, información incluso más reveladora sobre los recursos materiales proveídos a los agentes.
Al responder la solicitud 00794317, la SSPE informó que de 2011 a 2016, el gobierno del estado invirtió 44 millones 223 mil 678.82 pesos en la compra de tres mil 47 armas de fuego: mil 31 armas largas y 2 mil 16 armas cortas.
En la información se incluyó una tabla en la que se especifica el número de armas adquiridas cada año y el costo, además de especificar la descripción del armamento. Datos mucho más reveladores de “los recursos materiales que son proveídos a los agentes”.
A dos años y medio de que se proporcionara esa información vía transparencia, la SSPE no ha reportado consecuencias de la hoy argumentada vulnerabilidad que proporcionar ese tipo de datos provocarían.
A menos que, la respuesta a aquella solicitud de información hoy quiera tomarse como pretexto para justificar que el incremento en la incidencia de homicidios se dio porque los delincuentes aprovecharon “la oportunidad de neutralizar proactivamente las acciones de proporcionar seguridad y protección a las personas”.
Una justificación inaplicable porque la tendencia en el crecimiento de los homicidios comenzó dos años antes de aquella respuesta.
La negativa a proporcionar información por parte de la SSPE en la actualidad no tiene otra motivación más que esa vocación de opacidad que echa mano de simplemente aprobar un acuerdo de reserva aunque los argumentos no sean válidos porque quien debe velar por que no se abuse de tal recurso para ocultar información es más que una nulidad, es un obstáculo a la transparencia.
Si se buscara cuántos acuerdo de reserva ha revocado la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) lo más seguro es que son más los que ha avalado y, peor aún, los casos en los que ella misma aporta más argumentos a los entes obligados para que refuercen esa ruta para ocultar información.
