Alejandro Rubín de Celis
¿Qué se puede leer entre líneas respecto de la declaración de la coordinadora municipal de Derechos Humanos, Olga Palacios Pérez, cuando recomienda que el ayuntamiento de la capital revise exhaustivamente los protocolos del uso de la fuerza pública? Pues que la servidora pública reconoce implícitamente que en el desalojo de María Teresa Carrizales Hernández de la Oficialía del Registro Civil número 11, hubo un exceso en el uso de la fuerza por parte de las agentes de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, que en ese momento obedecían órdenes de su jefe, Edgar Jiménez Arcadia.
El miércoles 3 de julio, Palacios Pérez sostuvo en una declaración que en el desalojo de la abogada no se violaron sus derechos humanos ni se hizo un uso excesivo de la fuerza; sin embargo, horas después publicó en redes sociales un documento en el que pide al ayuntamiento que haga una revisión “exhaustiva” de los protocolos de uso de la fuerza, así como que se dé capacitación “continua y permanente” a los elemento de la policía municipal.
En el video que circula en redes sociales se ve y escucha claramente que, tras la instrucción de su director, las agentes de seguridad pública desalojan a Carrizales Hernández en forma ruda, mientras que la mujer sometida ꟷque opone resistenciaꟷ se queja al menos en dos ocasiones de que le están causando daño físico.
Desde que Jiménez Arcadia advierte en forma oral a la abogada que debe desalojar el lugar por haber incurrido en una supuesta ilegalidad, hasta que las agentes comienzan a forcejear con ella, transcurren sólo 51 segundos.
¿Pudo el jefe policiaco haber dado más tiempo de tolerancia a la funcionaria antes de ordenar el desalojo o emprender alguna estrategia para convencerla de que debía desocupar ese espacio antes de hacer uso la fuerza ꟷa partir del supuesto de que ha recibido entrenamiento para aplicar tácticas persuasivas en casos difícilesꟷ, más aún si, como ella afirma, les dijo que tenía problemas de salud ꟷaunque eso no se escucha en el video editado que circula en medios socialesꟷ?
¿Por qué Olga Palacios no atendió el punto 5 de su comunicado en el sentido de que las personas observadoras de derechos humanos ꟷcomo fue su casoꟷ “tienen el deber de constatar que las autoridades no violenten los derechos humanos a la hora de hacer cumplir la ley”; ni el 5.2 que demandaba su “intervención para el resguardo de la integridad personal de la ciudadana” Carrizales Hernández, lo que implicaba pedir a las agentes policiales detenerse ante la forma violenta y el presunto riesgo de salud de la funcionaria.
Incluso debió atender y aplicar los principios que contiene la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, como lo advierte el periodista Victoriano Martínez Guzmán en la columna Caja Negra, entre los cuales está el principio de proporcionalidad.
Distintos sectores y colectivos, así como activistas sociales y políticos, han condenado el hecho en redes sociales y en declaraciones a la prensa, y algunos de ellos han pedido la cabeza no solo del jefe policíaco sino también del secretario general del ayuntamiento, Sebastián Pérez García y del propio alcalde, Xavier Nava Palacios; en tanto que regidores panistas demandan que se realice una investigación a fondo para que se deslinden responsabilidades.
Por lo pronto, La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya abrió un expediente de queja por ejecutar el desalojo sin que mediara una orden judicial y “por violentar los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal y al trato digno” de la abogada de marras, quien a su vez ya anunció que interpondrá una demanda de juicio político contra el alcalde Xavier Nava, y exigirá la destitución de Sebastián Pérez como secretario general del ayuntamiento.
Este lamentable incidente daña severamente la imagen del alcalde de San Luis Potosí en sus aspiraciones para buscar la gubernatura del estado, y más porque la solicitud de juicio político que en su contra hace la quejosa ꟷaún cuando no se concreteꟷ, mantendrá presente el caso en los medios informativos y ante la opinión púbica, que estarán al pendiente de su desarrollo.
El desafortunado desalojo se puede convertir en uno de los casos más emblemáticos de la administración de Nava Palacios y ser una auténtica piedra en el zapato durante meses o quizá hasta que concluya su gestión, y poner en riesgo sus aspiraciones políticas para 2021.
