Alejandro Rubín de Celis
El sueño de Ricardo Gallardo Juárez ─y su grupo de incondicionales─ se esfumó. Quería repetir en la alcaldía y luego ser gobernador del estado y quizá más adelante que su hijo Ricardo, el ahora diputado federal, repitiera en ese cargo o como presidente municipal para que después lo sucediera en la gubernatura, algo parecido a lo que intentó hacer en Veracruz el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares con uno de sus hijos. Pero todo se derrumbó luego del fracaso electoral.
La derrota del 1 de julio pasado fue para el patriarca, su familia y sus huestes, no sólo motivo de depresión, sino el principio del muy probable fin de un clan que intentó establecer un nuevo cacicazgo en San Luis Potosí.
Con los magros resultados electorales obtenidos, principalmente en el municipio de la capital ─a causa del desencanto de la mayoría de los electores por un gobierno que pretendió engañarlos de muy diversas maneras─, a la gallardía le quedan escasos espacios de poder como para resurgir como grupo político con la suficiente fuerza para rescatar cargos públicos importantes que les permitan retomar su ambicioso proyecto político y económico.
El PRD, partido que dominan los Gallardo en el estado, consiguió dos diputaciones locales obtenidas por la vía plurinominal -lo que significa que no pudieron obtener una sola por el voto directo de los electores─; cinco presidencias municipales, la más importante Soledad de Graciano Sánchez, y todavía existe la posibilidad de que la pierda en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante Morena; una senaduría ─de ocho que obtuvo el PRD─, con un personaje tan gris como Leonor Noyola Cervantes, que no tendrá mayor injerencia en los asuntos relacionados con la federación y con San Luis Potosí, ante la aplanadora de Morena y sus aliados en la Cámara Alta.
Además, dos diputaciones federales, una de ellas obtenida por Ricardo Gallardo Cardona, convertido ya en el líder ─no se sabe bien a bien cómo lo logró siendo un político de tan bajo perfil─ de una fracción parlamentaria de apenas 21 legisladores del PRD, que tampoco tendrá peso significativo alguno en las negociaciones legislativas ni en la aprobación de leyes y reformas federales, y cuyos limitados recursos no permitirán al ex alcalde de Soledad seguir comprando voluntades en su distrito, a menos que lo haga de su propio peculio. Se trata de un diputado federal y dirigente de bancada que ni siquiera goza de la simpatía de varias de las tribus del PRD, de un legislador tan endeble políticamente que poco o nada podrá hacer para satisfacer sus intereses particulares y de grupo, y que todavía enfrenta el riesgo de ser alcanzado por la justicia si el Congreso de la Unión aprueba la eliminación del fuero, algo que tiene amplias posibilidades de suceder.
Los incondicionales del gallardismo ─entre ellos el dirigente estatal del PRD, Juan Ignacio Segura─ han querido resaltar la supuesta importancia que tiene el que Ricardo Gallardo Cardona haya obtenido una diputación federal. El mismo beneficiario de ese cargo así lo ha querido hacer notar ante la opinión pública cuando en realidad se trata de un cargo insignificante frente a la también apabullante mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.
Con el desprestigio alcanzado hasta ahora por el gallardismo (no sólo en San Luis Potosí sino a nivel nacional) y con las manos atadas en la Cámara Baja, resulta difícil pensar en que, en tres años, Ricardo Gallardo Cardona pudiera buscar la reelección en ese cargo o repetir en la alcaldía de Soledad.
El gallardismo está reducido a su mínima expresión y su Tlatoani, Ricardo Gallardo Juárez lo sabe. Por eso ha dicho que lo más seguro es que se retire de la política para dedicarse a sus negocios. No pudo lograr su propósito de establecer un cacicazgo de varios años en San Luis Potosí pero sí amasar una fortuna que le permitirá ─si sus tropelías no son juzgadas y él sancionado por la autoridad─, manejar sus empresas y vivir cómodamente y con lujos, y hasta incrementar su patrimonio si sabe administrar bien lo que tiene, legal o ilegalmente obtenido.
¡Ah!, pero antes de dejar la alcaldía quiere llevarse lo que esté a su alcance y que le reporte beneficios económicos. Es el caso de la operación política que ha dirigido para que el Cabildo apruebe, de último momento, la construcción de fraccionamientos y condominios ─que durante meses o años se negó a aprobar y que ahora ha ofrecido en condiciones preferenciales a los interesados─ y, muy especialmente, el ilegal cambio de uso de suelo en un terreno de su propiedad ubicado en las inmediaciones de la presa San José.
¿Ricardo Gallardo Juárez puede cantar victoria e irse así como así a pesar de presumibles hechos de corrupción bien documentados por la prensa independiente y por actores de la sociedad civil? El alcalde ha sido demandado por presunto desvío de recursos en la supuesta compra de medicamentos a Sandra Sánchez Ruiz y por un vertiginoso enriquecimiento posiblemente ilícito por la vía de los negocios inmobiliarios, pero la antigua Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado, nada ha dicho respecto de las indagatorias. El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) ha hecho responsable al propio gobernador, Juan Manuel Carreras López de la impunidad que impera en el estado, uno de cuyos casos más emblemáticos de presunta corrupción es precisamente el de Gallardo Juárez.
Veremos si el gobernador hace algo una vez que Gallardo deje la presidencia municipal y la nueva administración municipal eventualmente presente nuevas denuncias en su contra, o si el señor se va tan campante a su casa y se confirma la acusación del FCA de que el gobernador es el principal responsable de la impunidad que prevalece en San Luis Potosí.
