Por Victoriano Martínez
Desde que la mercadotecnia invadió la política, al grado de degradar la administración y la gestión pública a meros actos de simulación para lograr aparentar lo que no se tiene voluntad de ser, los políticos suelen creer que tienen problemas de comunicación social cuando en realidad son de una naturaleza muy diferente.
Si se anuncia un combate frontal a la corrupción que dejó en la ruina a la administración municipal y se ofrece que nada quedará impune, pero las acciones se limitan a esporádicas denuncias y se hacen promesas de otras que aún no llegan, con un amplio contraste frente a la revelación de mil 843 irregularidades.
Si se presenta un Plan Municipal de Desarrollo y un Plan Municipal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia presuntamente elaborados tras una consulta ciudadana amplia, pero no se acreditan esfuerzos extensos y suficientes para que toda la ciudadanía se pueda involucrar en ellos.
Si se dan casos de peticiones ciudadanas acompañadas de propuestas de acción en las que están dispuestos a participar y se les atiende hasta seis meses después, cuando se trató de información que bien pudo formar parte del Plan Municipal de Desarrollo.
Si pasan más de nueve meses y por todos los rumbos de la ciudad los automovilistas no tienen que avanzar mucho tras salir de sus casas para encontrarse con un bache o hasta con una desviación porque uno de esos hoyancos de plano impide el paso por una arteria.
Si se programa un presupuesto de 35 millones 378 mil pesos para actividades de Comunicación Social y para el mes de abril se autoriza una ampliación de 36 millones 663 mil pesos para alcanzar una ofensiva cifra de 72 millones 41 mil pesos.
Si a la oficina de Comunicación Social igualmente le incrementan el presupuesto por clasificación administrativa originalmente previsto para el año de 37 millones 642 mil pesos a 83 millones 749 mil pesos, lo que implica que si se le resta el contemplado como objeto de gasto, esa área pasó de contar con 2 millones 264 mil a contar con 11 millones 708 mil pesos.
Si se hacen esas seis consideraciones –lo que no implica que hay más– y se toma en cuenta la inercia de las gacetillas en medios de comunicación que magnifican las acciones de las que se hace alarde o que no corresponden con las expectativas creadas, es claro que el problema de la actual administración municipal no es de comunicación social.
El problema es que la falsa comunicación social que han realizado no ha logrado sembrar entre la población la percepción que, desde la administración, pretenden que se tenga.
El mismo error de Ricardo Gallardo Juárez, de Mario García Valdez, de Victoria Labastida Aguirre, de Jorge Lozano Armengol. Todos ex alcaldes con una cosa en común: creyeron haber sido electos como candidatos a gobernador y no como presidentes municipales.
Ser no se logra con parecer y mucho menos con aparentar. Privilegiar un agresivo y ofensivo presupuesto para una oficina de comunicación social degrada el área a una oficina de propaganda y coloca a la administración municipal en una posición en la que la buena imagen que pretenden proyectar es opacada por las acciones que quedan a deber.
Los ajustes no deben darse para reforzar la degradación de la oficina de comunicación social en oficina de propaganda, porque privilegiar la apariencia bien puede sonar fuerte, pero nunca sonará bien.
