Por Victoriano Martínez
No ocurrió aquí, pero todo indica que pasó como consecuencia de los actos cometidos por el funcionario en nuestro estado.
La destitución de José Sigona Torres como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Morelos estaba cantada desde el 1 de noviembre, cuando el senador Primo Dothé Mata denunció en sesión del Senado los actos de corrupción de ese funcionario.
Aquel día, Germán Martínez Cázares –hoy director general del IMSS– anunció que en cuanto asumiera ese cargo iniciaría la investigación contra Sigona Torres por presuntos actos de corrupción.
Todo indica que se hará efectivo aquel anuncio y ahora sólo falta que la destitución del personaje quede complementada con los resultados de una investigación en la que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones que procedan y se restituyan los daños que se detecten.
Las quejas contra Sigona Torres no ocurrieron cuando ya estaba lejos.
Todavía fungía como delegado en el Estado cuando comenzaron a surgir una variedad de señalamientos.
Pero el hombre tenía la fortuna de encontrarse en el sexenio de su encumbramiento, contaba con la protección de las autoridades federales y, sobre todo, con un gobernador que prefiere la fiesta en paz, antes que lo conflictivo que resulta cuidar los intereses de los potosinos.
Juan Manuel Carreras López, el gobernador del no pasa nada, difícilmente actuaría contra un servidor público como lo ha demostrado con la ecuación corrupta, las denuncias de organizaciones civiles contra el ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez y familia, los ex diputados, y ex alcaldes como el de Ciudad del Maíz.
La presuntamente autónoma Fiscalía General del Estado (FGE), con actuaciones con apariencia de fiscalía carnal, pocas esperanzas da para quienes han promovido demandas penales por actos de corrupción.
Que hoy desde la dirección del IMSS en tiempos de la 4T haya acciones en contra de actos de corrupción cometidos en San Luis Potosí y llevados por un potosino al ámbito federal podría ser un indicador de que ante la pasividad de la FGE con un gobernador poco comprometido para combatir la impunidad, la alternativa tendrá que venir de fuera.
Sigona Torres pasó por San Luis Potosí sin consecuencias por sus actos irregulares cometidos aquí.
¿Será posible que ahora pase por aquí el brazo justiciero de la 4T y caiga sobre los responsables de los actos de corrupción de propios y extraños el peso de la justicia?
Bien podría ser este caso la señal para que se comience a impulsar que la justicia venga de esos niveles de la Federación, porque de los locales –visto está–, nada se puede esperar.
