Por Victoriano Martínez
No ha sido de la mejor manera, pero así suele ser el destino: mil 400 hectáreas (más las que se acumulen) de la Sierra de San Miguelito cuentan ya, al menos por 20 años, con una protección legal contra la depredación de los desarrolladores inmobiliarios.
No se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha regenerado, mediante los mecanismos que, para tal efecto, se establezcan en el Reglamento de esta Ley.
Así lo establece el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2018.
Ahora falta ver la manera en que los ayuntamientos de San Luis Potosí y Villa de Reyes y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) aplican, durante los próximos 20 años, los mecanismos para regenerar la zona y acreditar la recuperación de la vegetación forestal afectada.
La SEGAM ya dio las primeras señales: anunció que habrá coordinación con los ayuntamientos y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para desarrollar un diagnóstico y un programa con el que se pueda actuar de forma eficaz en el tratamiento o reforestación de la serranía.
Un anuncio que se tiene que tomar con reserva porque, aunque en este caso se responde a circunstancias diferentes, cuando se ha declarado un Área Natural Protegida también se suele anunciar la elaboración del plan de manejo que luego pasan los años sin que éste se elabore.
Basta recordar que en el caso de la Sierra de Álvarez han pasado 38 años sin que las autoridades responsables hayan elaborado su plan de manejo.
Desde 2009 se tienen los estudios técnicos y demás requerimientos para declarar como Área Natural Protegida (ANP) a la Sierra de San Miguelito, pero ni Marcelo de los Santos ni Fernando Toranzo y ahora tampoco Juan Manuel Carreras han atendido a ese compromiso con la preservación ecológica del territorio potosino.
Carreras se limitó a una declaratoria que llamó primera etapa, en la que incluyó 12 mil hectáreas dispersas, con lo que dejó afuera las áreas más importantes y las que mayor ambición despiertan entre los desarrolladores inmobiliarios.
Una actitud que atiende más al interés comercial que al interés público de proteger a la ciudad de la pérdida de un pulmón y una zona de control de avenidas. Una actitud que da prioridad a los negocios inmobiliarios, aunque el resultado sea desproteger a la ciudad de inundaciones severas de consecuencias fatales.
Si los tres últimos gobernadores, Carreras incluido, hubieran cumplido sus obligaciones legales en materia ecológica, desde 2009 la Sierra de San Miguelito sería ANP, desde hace varios años contaría con plan de manejo en plena operación y, seguramente, ya se habrían generado las condiciones para que incendios como el que hoy se enfrenta se pudieran evitar.
Ante esa falta de compromiso de las autoridades, hoy es la fatalidad la que decreta una protección inesperada para mil 400 hectáreas en la Sierra de San Miguelito, al menos por 20 años.
¿No será acaso un presagio que llama a la conciencia de quien tiene en sus manos decretar la protección de toda la Sierra de San Miguelito para que por fin concluya todas las etapas para declarar las 63 mil hectáreas como Área Natural Protegida?
