Por Victoriano Martínez
El 4 de julio de 2009 una publicación en el Periódico Oficial del Estado apuntaba a que se lograría la protección de la Sierra de San Miguelito como reserva ecológica.
Se ponía a disposición de las dependencias federales, estatales y municipales involucradas, y a la sociedad en general, el Estudio Técnico Justificativo para la declaración del Área Natural Protegida.
Se convocaba al “sector público, social y privado interesados en la protección del área de referencia, para opinión, por un término de treinta días naturales”.
Faltaban casi tres meses para que concluyera el sexenio de Marcelo de los Santos Fraga. Parecía que podría retirarse con una medida favorable para la ciudad.
No se volvió a mencionar el tema.
Para el mes de octubre de ese año, ya con Fernando Toranzo Fernández como gobernador, el Grupo Sierra de San Miguelito, A.C., hizo público que todo estaba listo: el decreto para declarar la Sierra de San Miguelito estaba en el escritorio de Toranzo Fernández y sólo requería de su firma.
Transcurrió el sexenio torancista y ya nada ocurrió.
Juan Manuel Carreras López volvió a hablar del tema en septiembre de 2017. Después de ocho años, el tema reaparecía, no como promesa de campaña –que ya no estaba en eso–, sino como una acción que se informó que estaba por concretarse.
Para entonces la superficie a proteger había pasado de 44 mil 179 hectáreas a 63 mil 783 hectáreas, y vuelto a bajar a “más de 55 mil”, según reportó Carreras López en su informe.
Finalmente, el pasado jueves 20 de septiembre se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto que declara Área Natural Protegida Estatal a la Sierra de San Miguelito.
Una buena noticia, pero parcial.
La mala es que se limitó a siete polígonos dispersos que suman 12 mil 613.47 hectáreas.
Es decir, nueve años después apenas se decreta la protección de la quinta parte y se mantienen los riesgos de erosión, caídas de agua, falta de recarga de mantos acuíferos, eliminación de áreas verdes y romper ecosistemas.
Lo dice el propio decreto. En esa quinta parte “ya se cuenta con la aceptación y anuencia de sus propietarios”.
En oposición a esa afirmación, los dueños de las otras cuatro quintas partes han logrado desde hace nueve años mantenerlas al margen de la medida que pretende proteger a la ciudad de un desastre ecológico.
Todo apunta a un estira y afloja por la protección ecológica de la ciudad, en el que hasta ahora ganan los especuladores inmobiliarios.
En la Sierra de San Miguelito se podrá seguir “cambiando tierra por cemento, destruyendo ecosistemas, modificando usos de suelo, cortando árboles… toda una joya para la corrupción inmobiliaria”, ha advertido la organización Cambio de Ruta.
Cuando parece que una autoridad realiza una buena acción (que con todo y asegunes no deja de serlo), salen a relucir los intereses que se aferran al beneficio particular por encima de los de la comunidad.
Puede consultar el decreto AQUÍ
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