Por Victoriano Martínez
El Fondo para la Seguridad Pública (FASP), es un fondo presupuestal estatal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública, a través de un convenio de coordinación entre la Federación y el Estado, en el cual ambas partes aportan recursos.
Así describe la Secretaría de Seguridad Pública del Estado esa partida que entre 2013 y 2018 ha representado para San Luis Potosí una inversión de mil 60 millones 570 mil 234.96 pesos.
Agrega que se trata de un fondo distinto al presupuesto que el Congreso del Estado destina a las dependencias de seguridad pública y procuración de justicia para operar.
“Es decir, se trata de un gasto de inversión independiente al gasto corriente asignado al presupuesto para atender los temas de seguridad”, explica en una respuesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (solicitud 00520518).
De esos más de mil millones de pesos, las administraciones de Fernando Toranzo Fernández y Juan Manuel Carreras López han ejercido 417 millones 433 mil 340.04 pesos, que representan el 39.36 por ciento.
Toranzo Fernández ejerció 381 millones 278 mil 477.90 pesos, es decir, el 35.95 por ciento de la bolsa total, lo que representa que Carreras López sólo ejerció en sus primeros dos años el 3.41 por ciento. ¡La décima parte que su antecesor!
¿Tendrá eso algo que ver con que la inseguridad se haya agudizado y la violencia cobre más vidas que nunca desde que Carreras López asumió la gubernatura? La pregunta es casi retórica.
En 2016, Carreras López contó con 161 millones 821 mil 7 pesos de ese fondo, pero únicamente ejerció 7 millones 815 mil 748 pesos. ¡El 4.83 por ciento!
Para 2017, el fondo se incrementó a 213 millones 28 mil 501 pesos y Carreras López se limitó a ejercer 28 millones 339 mil 114.12 pesos. Un 13.30 por ciento.
Este año contará con 256 millones 202 mil 295.96 pesos y, si este año se perfila como el más violento de la historia, es de pensarse que el nivel de ejercicio seguirá por los suelos.
Una forma de sub ejercer los recursos para seguridad pública que seguramente también repercute en deficiencias en la selección y capacitación de los elementos policiacos de todas las corporaciones, y también en las condiciones en que trabajan.
Un sub ejercicio que puede explicar por qué un 15 por ciento de los 6 mil 648 elementos de las corporaciones policíacas de todo el estado resultaron no aprobados en los exámenes de control y confianza.
También podría ser una de las razones por las que cada que arranca la Feria Nacional Potosina se suele dar una protesta de los policías, inconformes con las condiciones en las que trabajan.
Pero, sobre todo, que se utilicen sólo 7 o 13 pesos de cada cien disponibles para combatir la inseguridad es una omisión que atenta contra la tranquilidad de los potosinos, exhibe la ineficiencia del gobierno carrerista y representa malos augurios sobre lo que se puede esperar en el tema de la seguridad de todos.
