Por Victoriano Martínez
La transparencia es una condición que en la administración pública se tiene o no. No es una medida que se toma antes o después, que se pueda programar o prometer.
Por eso es lamentable que sólo la tomen como discurso efectista para vestirse de transparencia, cuando sólo buscan proyectar su apariencia.
Las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, la famosa 3de3, son el ejemplo más representativo de cómo los servidores públicos optan por el discurso antes que los hechos.
Desde el 3 de marzo de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado una reforma a la Constitución Política estatal que obliga a los servidores públicos a la presentación de las tres declaraciones.
Desde el 9 de mayo de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la vigente Ley de Transparencia que obliga a los servidores públicos, y a los diputados en dos artículos, a difundir de oficio las tres declaraciones.
La aprobación de la obligación legal de hacer públicas las declaraciones 3de3 es toda una historia que vale recordar, para estar atentos a su no repetición.
En la sesión del Congreso del Estado del 4 de mayo de 2016, todavía en apogeo el auto denominado grupo de Los Broncos, tres personajes resultaron clave en el debate para incorporar la obligación de publicar la 3de3.
Si hoy en la propuesta morenista se considera la difusión de estos documentos como una vacuna para evitar casos como la ecuación corrupta, conviene enlistar los nombres de esos tres personajes y sus posturas.
- José Guadalupe Torres Sánchez. Tras señalar que la obligación de presentar las declaraciones está en la Constitución estatal desde el 3 de marzo de 2016, expresó:
- “Ya está, acuérdense que mientras esté previsto en la carta de mayor rango, que en este caso para nosotros es la Constitución local, no importa que no esté reglamentado, eso es lo de menos”.
- Enrique Flores Flores. Fue el más ferviente defensor de la obligación de difusión… en esa sesión. Esta fue una de sus expresiones:
- “Lo importante no es presentarlo, lo importante es hacerlo público. Lo importante es que el ciudadano sí pueda saber qué tiene cada uno de sus funcionarios, lo importante es que tenemos que darle la cara a la ciudadanía”.
- Héctor Mendizábal Pérez. Advirtió en su intervención que al votar la obligación de difundir la 3de3 se vería “realmente quién sí quiere ser transparente y quien no quiere ser transparente”, y agregó estas dos expresiones:
- “Seríamos incongruentes si no aceptamos que nuestras declaraciones no sólo sea obligatorio presentarlas, sino hacerlas públicas, que es lo que la materia de esta ley trata. Sirve de poco que se presenten pero que no se hagan transparentes”.
- “El que no quiera transparentar su patrimonio y sus ingresos, pues que no sea servidor público, porque si hoy estamos combatiendo la corrupción, debemos de ser ejemplo desde esta cámara, desde esta Soberanía, impulsar la transparencia de nuestro patrimonio y de nuestros ingresos”.
Con el tiempo, los dos primeros fueron protagonistas centrales de la ecuación corrupta, en tanto que el tercero fue señalado como quien personificó hasta el final de la LXI Legislatura la corrupción en la fiscalización de las cuentas pública al promover su ilegal aprobación una semana antes de dejar el cargo.
La obligación difundir de oficio las tres declaraciones quedó incorporada en la Ley de Transparencia: 22 votaron a favor, dos se abstuvieron y uno votó en contra… ¡y ninguno las publicó!
La transparencia es una condición que se tiene o no, y lo demuestra ese decreto que presumieron pero que nunca estuvieron dispuestos a cumplir.
Que los anteriores diputados hayan violado esas disposiciones no significa que sean necesarias más reformas para que los actuales las cumplan.
Según la Ley de Responsabilidades Administrativas, los actuales diputados tienen hasta el 14 de noviembre para presentar sus declaraciones iniciales. De acuerdo con la Ley de Transparencia, esos documentos tendrán que estar publicados a más tardar el 29 de noviembre.
No hay necesidad de que la obligación aparezca en otras leyes, lo que se requiere es una demostración de verdadera vocación de transparencia, que incluso no se allane a los plazos legales.
En la administración pública, se es transparente o no. Las leyes proveen un esquema de cumplimiento, pero no tienen por qué condicionar que un servidor público adopte la transparencia como parte de su esencia y como una prioridad de cara a la ciudadanía.
¿Por qué esperar los plazos, o hasta una reforma adicional a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para cumplir una obligación constitucional y legal que debieron conocer y estar dispuestos a cumplir desde el momento en que decidieron ser candidatos?
