Por: Antonio González Vázquez.
Al cumplirse un año de que la magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes denunció ser víctima de acoso laboral y violencia política por parte de los magistrados Rigoberto Garza y Oskar Kalixto, en el Congreso del Estado ya hay dos iniciativas de ley para sancionar la violencia política contra las mujeres.
Josefina Salazar Báez, legisladora por el Partido Acción Nacional y Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género dio a conocer que ya se analiza el tema de la eliminación de la violencia política de género, a través de dos iniciativas de reformas a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia.
Se encuentran en estudio dos iniciativas presentadas por ella misma, y por la legisladora Lucila Nava Piña para modificar el artículo 3° de esta legislación e incluir el tema de la violencia política como la acción que busca evitar el ejercicio de las mujeres a sus derechos ciudadanos y político-electorales por medio de diversas formas de coacción.
Afirmó que ambas iniciativas se estarán analizando para revisar las coincidencias y de esta manera presentar el dictamen correspondiente al pleno para su aprobación.
“Lo importante es que ambas iniciativas sean analizadas y dictaminadas con el fin de que evitemos que se siga violentando a la mujer que participa en política, principalmente si consideramos que en el 2018 tendremos elecciones en el Estado y que será mayor la participación de las mujeres”, enfatizó.
Consideró que una vez que sean analizadas las iniciativas en las comisiones de Derechos Humanos y Puntos Constitucionales, se buscará sean dictaminadas a la brevedad también por las comisiones que mantienen los siguientes turnos como es la Especial para la Reforma Politíco-Electoral y Puntos Constitucionales.
Salazar Báez dijo que dado que se enfrenta un próximo proceso electoral en el estado para el año 2018, es importante establecer las acciones que se realizarán para evitar la violencia política hacia la mujer y que de esta manera se garantice la protección de sus derechos ciudadanos y político-electorales para que puedan contar con una participación activa y que así sean respetados sus derechos humanos.
