Alejandro Hernández J.
Este 2019 marca 25 años del asesinato del candidato priista a la elección presidencial de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Se ha observado el resurgimiento de un gran interés mediático sobre la muerte del priista. Prueba de esto es la aparición de la reciente serie documental “1994”, dirigida por el prestigioso periodista Diego Enrique Osorno, y distribuida por la plataforma Netflix.
Una pregunta parece ser el hilo conductor de buena parte del documental: ¿fue realmente Mario Aburto Martínez el autor material e intelectual de este magnicidio? La muerte del ciudadano candidato que fue Colosio provocó y provoca, con justa razón, una indignación y una consternación profundas. Muchas interrogantes aún son vigentes, debido en gran medida a los procesos irregulares que opacaron para siempre el caso. Sin embargo, existen otros tipos de asesinatos que, curiosamente, parecen no causar el mismo dolor y estremecimiento general; tampoco son documentados con la misma profundidad y no causan un revuelo mediático sin par.
¿Qué representa la pérdida de un ciudadano? Como todo concepto complejo, el ciudadano ha sido entendido de muy diversas maneras según las épocas y los enfoques. Aristóteles brindó la definición más fundamental, al menos en occidente: ciudadano es aquel que tiene la facultad de participar en la vida política, es decir, en los tribunales y en las asambleas. Desde luego, esta definición es restrictiva y está incompleta, pues ciudadano es también aquel que participa en la vida de la ciudad. El filósofo también reconoció que, en la práctica, para ser ciudadano bastaba con nacer de padres ciudadanos. A lo largo de los siglos, el aporte del Estagirita sentó las bases de una comprensión voto-céntrica de ciudadanía: ciudadano es el individuo que posee el derecho de sufragio y de elegibilidad, sea por nacimiento o por naturalización.
Las definiciones anteriores nos permiten aislar algunos rasgos esenciales del ciudadano: acción, participación, decisión. En efecto, tanto los magistrados como los votantes deliberan colectivamente, en el marco de espacios y mecanismos de participación establecidos, frente a varias opciones que tendrán repercusiones en la vida pública. Por otro lado, Socorro Arzaluz Solano, doctora en Ciencia Social e investigadora en El Colegio de la Frontera Norte, menciona la existencia de una definición de participación ciudadana que recae en la toma de posición de un individuo, aunque esta no tenga una intervención directa en las decisiones públicas. Lo cierto es que cada día resguarda para nosotros diversos acontecimientos ante los que debemos adoptar posturas y decidir.
De lo anterior podríamos afirmar que la acción esencial del ciudadano es tomar decisiones, y no sería vano afirmar que será mejor ciudadano quien tome mejores decisiones. Ahora bien, como toda facultad, la capacidad de decisión requiere de un perfeccionamiento constante y depende enteramente de nuestras capacidades para informarnos, comparar puntos de vista, crear ideas, opinar y argumentar, hacer concesiones, etc.
La muerte de Colosio representó, entre muchas otras cosas, una privación violenta de su capacidad de acción, de participación y de decisión. Se perdieron para siempre opiniones enriquecedoras y decisiones muy importantes que, idealmente y como las de cualquier otro ciudadano, hubieran potencialmente contribuido a mejorar nuestro país. No se entienda aquí una apología del candidato, sino la idea de que, al ejercer plena y responsablemente su ciudadanía, todo individuo está en medida de realizar actuaciones que contribuyan al bien común, particularmente cuando tienen una repercusión directa en políticas públicas y en la distribución de bienes públicos.
Ahora bien, el homicidio no es la única manera de privarnos injustamente de nuestras capacidades ciudadanas esenciales. En el cuarto episodio de la serie “1994”, María Luisa Martínez Piñones, madre de Aburto, es interrogada por la prensa sobre el contenido de escritos pertenecientes a su hijo, dentro de los cuales está el “Libro de Actas”, que lo posicionarían como el autor intelectual del asesinato del candidato priista. La madre responde presa de una angustia indescriptible: “No sé. No sé decirle, porque yo no sé leer”.
Superar la oralidad es sinónimo de trascender lo inmediato, de lograr tomar distancia de la realidad para poder observarla críticamente, condición indispensable para la toma de decisiones. Autores como el célebre psicólogo ruso Lev Vygotsky y el reconocido especialista en lingüística aplicada y educación Gordon Wells, insistieron en que el desarrollo de la lectoescritura significa crear una nueva función psíquica que reestructura determinantemente el pensamiento, permitiéndonos acceder a nuevas dimensiones de análisis y de abstracción.
Wells (1987) es conocido por haber propuesto un modelo del alfabetismo en cuatro niveles. En primer lugar, se encuentra la capacidad de codificar y decodificar signos gráficos (cuando anotamos una dirección o copiamos algo, por ejemplo). Escribir mensajes en redes sociales y leer prosa son acciones que ilustran los dos niveles intermedios. Finalmente está el nivel llamado “epistémico”, en el que el lector-escritor transforma el conocimiento desde su experiencia personal, logra crear ideas y defender opiniones: acciones propias del ciudadano, como ya habíamos dicho.
Estos cuatro niveles son complementarios. Así, interpretar una ley o el discurso de un candidato a un puesto de elección popular (que es frecuentemente el producto de una lectura en voz alta) requiere, en realidad, de la movilización de todos los niveles. Quienes tenemos la enorme fortuna de dominar el código escrito no debemos cruzarnos de brazos, pues la decodificación visual de signos no basta para alcanzar una visión crítica de nuestro mundo convulso. Como referíamos en nuestro artículo anterior (30 de mayo del 2019), han pasado más de dos milenios desde que Platón nos advertía sobre los riesgos de dejarnos alucinar por falsas opiniones, es decir, tomar la imitación por la verdad.
La señora Martínez Piñones no está sola. Según el INEGI, al año 2015, en México habría 5.5 porciento de la población mayor a quince años que no sabe leer ni escribir. Esto se traduce en más de 6 millones y medio de personas que ni siquiera han adquirido el primer nivel descrito por Wells; es decir, que ni siquiera está en capacidades de descifrar mucho del contenido de una boleta electoral. ¿Puede realmente alguien en estas condiciones ejercer su ciudadanía? Además, las condiciones de extrema marginación ligadas al analfabetismo son de todos conocidas.
Pero hay más. El lenguaje es una facultad que nos permite emplear sistemas de signos verbales. Esta capacidad es tal vez la aptitud más humana que poseemos, y el producto más importante de nuestra evolución en sociedad. Sin embargo, el lenguaje no está enteramente dado al nacer. Los especialistas franceses Pierre Escudé y Pierre Janin (2010) sostienen que el lenguaje aparece y se revela únicamente mediante el uso de la lengua en todas y cada una de sus variedades y facetas, incluyendo, desde luego, la lengua escrita y su variedad de registros.
Si, como pretendía Aristóteles, “la función del hombre es la actividad del alma conforme a la razón”, y la lectoescritura participa en el desarrollo de la razón; si el lenguaje es nuestro distintivo como humanos y solo se desarrolla enteramente al tener contacto con todas las formas de un idioma, quienes sólo pueden desenvolverse en el mundo inmediato y restringido de la lengua hablada no solo están imposibilitados para ejercer la ciudadanía, sino también su humanidad.
Estamos ante una tragedia humana de magnitudes desproporcionales. ¿Por qué la opinión pública y la clase política no se conmueven estrepitosamente, ni exigen a gritos justicia ante esta privación de la ciudadanía y de la humanidad? Ante las informaciones y los porcentajes hasta aquí presentados, ¿sería posible hablar del analfabetismo casi como de un genocidio simbólico? Por otro lado, darse por bien servido con solo saber leer y escribir, sin preocuparse por adquirir un uso crítico del lenguaje, ¿equivaldría a un suicidio ciudadano o, al menos, a una marginación autoinducida de la humanidad propia?
En el tercer capítulo de la serie ya mencionada, recordamos cómo Jacobo Zabludovsky exige a su reportera Talina Fernández ingresar al quirófano para conocer el estado del candidato herido: “Por favor, entra al quirófano. (…) ¡Dile al señor que está al frente de las medidas de seguridad que los mexicanos estamos deseosos de saber qué ocurre!” ¿Por qué no se exige también y con la misma insistencia ingresar a los bastidores del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, del Consejo Nacional de Fomento Educativo, de las escuelas públicas y de las comunidades indígenas en donde se despliegan programas de alfabetización?
El analfabetismo es la manifestación de una serie muy compleja de problemas estructurales en los que aparece a menudo la sombra de la inacción y del desinterés. ¿Será necesario declarar un luto nacional permanente para que tengamos presentes a las víctimas de la omisión? Puesto que la educación es un derecho humano, ¿qué pasaría si más de 6 millones y medio de personas demandasen al Estado por negligencia? Se necesitarían sin duda más de cuatro fiscales especiales para este caso.
Mientras la clase política entera y la sociedad en general intentaba recuperarse del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto pasaba sus primeros años en prisión. Estos años le permitieron, entre otras cosas, reconocer que el “Libro de Actas” tenía una escritura de muy mala calidad: “No se sé si usted se acuerda de un ensayo, por cierto, ¡de una ortografía pésima! De un tal Libro de Actas…”, declaró el inculpado a Julio Scherer durante una entrevista.
Mario Aburto continúa su condena de 45 años en el penal de Huimanguillo, Tabasco, al que fue trasladado en 2012. Se sabe que, después de haber recibido una capacitación por el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, imparte clases de primaria a otros reos desde 2017. Parece que Aburto Martínez sí ha comprendido la enorme importancia de la alfabetización y de la buena ortografía.
