Por Victoriano Martínez
El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información.
Con esas doce palabras, las leyes estatal y general de Transparencia establecen lo que debe cobrarse por las copias simples de los documentos que se requieran a cualquier ente obligado mediante una solicitud de información.
Doce palabras que tienen la intención de que el costo de reproducción de los documentos públicos no sea un impedimento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Doce palabras que resultan muy difíciles de entender –o que seguramente fingen no entender– quienes tienen la responsabilidad de fijar la tarifa que cobrarán por ese servicio en los 58 ayuntamientos del Estado.
Doce palabras que los diputados de la anterior Legislatura fueron incapaces de leer y aplicar cuando le aprobaron las leyes de ingresos a los ayuntamientos, al grado de permitir 23 tarifas diferentes, cuando la Ley de Transparencia establece sólo una. Así de inútiles fueron al tratarse de un simple análisis de impacto regulatorio.
Doce palabras que no le hacen el más mínimo ruido a una dormida Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) incapaz de advertir que en el costo de las copias los ayuntamientos opacos encontraron un instrumento para inhibir el derecho de acceso a la información pública. ¿Algún día despertará para convertirse en un verdadero garante de ese derecho?
Doce palabras que hoy tendrán que haber sido tomadas en cuenta por las nuevas administraciones municipales a la hora de definir cuánto pretenden cobrar por las copias, porque no es una cuestión de lo que pretendan, sino simplemente de ajustarse a la Ley de Transparencia.
Doce palabras que los diputados de la LXII Legislatura están obligados hacer valer a la hora en que aprueben las leyes de ingresos municipales para 2019.
Doce palabras por las que no debe haber un municipio donde se puede obtener de manera gratuita una copia por una solicitud de información y otro en el que se tengan que pagar 80 pesos con 60 centavos por el mismo servicio.
Doce palabras por las que los legisladores están obligados a homologar el costo de las copias simples por transparencia en todos los municipios del estado con la interpretación que más favorezca a las personas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Doce palabras que ponen a prueba a los diputados en un tema con el que se llenan la boca, pero pocas muestras dan de tomárselo en serio. La prueba de transparencia la tienen en puerta.
Doce palabras que le dan a la CEGAIP la oportunidad de adoptar un activismo con el que demuestre que existe para garantizar el derecho de acceso a la información pública, y no solo para gastar inútilmente 25 millones 332 mil 74 pesos sólo en este año.
