Alejandro Rubín de Celis
¿Ya para qué se integra la Unidad de Evaluación y Control (UEC) del Congreso del Estado, al menos por este año, si ya pasaron las principales etapas en las que debió ejercer su función de “vigilar al vigilante” en la fiscalización de las Cuentas Públicas 2018?
Parece que las bancadas partidistas del Poder Legislativo y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ꟷen la que está representada cada una de ellasꟷ, se salieron con la suya para evitar que el órgano encargado de vigilar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) cumpliera cabalmente su responsabilidad en la revisión de las finanzas públicas del año pasado, hiciera su trabajo.
De acuerdo con el Reglamento Interior del UEC, la función de este órgano de reciente creación ꟷapenas tiene un año en operaciónꟷ es “… vigilar que los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado en el desempeño de sus funciones se sujeten a lo establecido en las disposiciones legales aplicables, a los procesos de fiscalización, y cumplan con las metas de Ley de Responsabilidades y a las demás disposiciones legales aplicables…”.
El proceso para la revisión de las Cuentas Públicas 2018 inició a fines de marzo pasado. Entre abril y julio, los auditores de la ASE llevaron a cabo las revisiones de campo para verificar el estado de las obras programadas, y de la documentación de los fondos y recursos aprobados en el Programa Anual de Auditorías. Pero, a estas alturas, ¡la Jucopo todavía no selecciona al cuerpo de servidores públicos que deben integrar las principales carteras de la UEC y que debieron verificar en su momento esas importantes etapas de las auditorías!
La Auditoría Superior del Estado cuenta con el negro antecedente de haber participado en la Ecuación Corrupta en los tiempos de su extitular, José de Jesús Martínez Loredo, y de haber aprobado fast track y de manera irregular los dictámenes de las Cuentas Públicas 2017 ya con Rocío Elizabeth Cervantes al frente ꟷcon la complacencia negligente de la propia Comisión de Vigilanciaꟷ, razones más que suficientes para que el nuevo órgano de control, con los perfiles técnicos y éticos necesarios, hiciera oportunamente marcaje personal a los auditores en la revisión de las cuentas de este año.
Para finales de agosto ya sólo quedan pendientes reuniones donde la ASE informará a los entes obligados los resultados de las auditorías y les dará a conocer cuáles son las observaciones preliminares de presuntas irregularidades en la administración de los fondos públicos. Luego viene una etapa de solventación de anomalías para quienes logren aclarar su situación y a más tardar el 31 de octubre la ASE deberá entregar a la Comisión de Vigilancia el Informe General y los Informes Individuales de las Cuentas Públicas 2018.
¿Qué hay detrás de la maniobra de retrasar el nombramiento de los integrantes de la Unidad de Evaluación y Control si la Jucopo tuvo tiempo más que suficiente para elegir a los mejores perfiles?
Hace más de mes y medio que la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Marite Hernández Correa, denunció la intención de los miembros de la Junta de Coordinación Política de imponer a los integrantes de la UEC, no obstante que de acuerdo al artículo 17 del Reglamento Interno de ese órgano de control es facultad de la Comisión de Vigilancia aprobar a los titulares de las siguientes carteras: Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior del Estado, Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría, Dirección Jurídica, Secretariado Técnico, y Coordinación de Planeación Estratégica.
El propio titular de la UEC, Jorge Ovidio Robledo Gómez, denunció la falta de voluntad de los miembros de la Jucopo para integrar la Unidad ꟷaunque primero se prestó a negociar en los oscuritoꟷ, cuando desde el año pasado esa instancia cuenta con presupuesto para su operación.
Con argumentos pueriles como tener que recabar firmas de un acta con diputados para iniciar las contrataciones y buscar un espacio para quienes integren la UEC, la Jucopo sigue retrasando los nombramientos y la operación de ese organismo.
Recientemente, Hernández Correa declaró que la Jucopo y hasta integrantes de la comisión que preside estaban retrasando los nombramientos en espera de que ella deje la presidencia de la Comisión de Vigilancia. De hecho, esa comisión presentó sus propuestas para conformar la UEC desde hace semanas y la Jucopo sólo ha hecho oídos sordos.
La Unidad de Evaluación y Control nació bajo la fundada sospecha de que se creaba un nuevo organismo para aparentar que se buscaba vigilar al cuestionado vigilante y la confirmación de la sospecha no se hizo esperar con el nombramiento de su primer titular, Héctor Mayorga Delgado, contador de conocida trayectoria como experto limpiador de cuentas públicas.
Pero las presiones sociales y la supuesta falta de apoyos obligaron a la renuncia de Mayorga y a nombrar como su sucesor a Robledo Gómez.
Hay algunas señales de que hay la intención de al menos un puñado de diputados de integrar un órgano técnico con los mejores perfiles que cumplan a cabalidad con su responsabilidad legal y moral, pero las resistencias e intereses oscuros de los miembros de la Jucopo y de otros congresistas lo han impedido.
Por lo pronto, las etapas más importantes en las que la UEC debió supervisar las revisiones de la ASE, quedaron atrás.
¿Estaremos ante la presencia de una versión mejorada de la Ecuación Corrupta para limpiar ahora Cuentas Públicas de 2018?
