Alejandro Rubín de Celis
Xavier Nava Palacios ha hecho muchos compromisos, tanto como alcalde electo y ya en funciones, como desde la campaña por la presidencia municipal. Se ha comprometido a mejorar la infraestructura urbana, a impulsar el desarrollo económico del municipio, a tomar en cuenta a la ciudadanía en la toma de decisiones, a combatir la corrupción, y a encabezar una administración transparente y que le rinda cuentas a la población. Pero no ha mencionado algo acerca de una de las prácticas más cuestionables a la que suelen acogerse los gobernantes: hacer propaganda personalizada con dinero público.
El primer día de su gestión, el ahora ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez declaró que no usaría dinero de los contribuyentes para proyectar su imagen a través de los medios de comunicación ─como lo habían hecho sus antecesores─, pero en la práctica hizo todo lo contrario durante los tres años de su gobierno. Demagogia pura, como casi todos.
Desde hace décadas, el gasto en medios para promover la imagen de presidentes, gobernadores y alcaldes ha sido una constante y ha venido creciendo a niveles alarmantes, toda vez que se trata de la erogación de fondos públicos que van a parar ilegal e ilegítimamente a las finanzas de las empresas mediáticas privadas, principalmente de las más poderosas, dominantes y con mayor influencia en la opinión pública.
De acuerdo a Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en cuatro años y medio de gobierno ─de enero de 2013 a junio de 2017─, Enrique Peña Nieto gastó en medios 37 mil 725 millones de pesos y las estimaciones son que al cierre de su mandato la cifra pueda llegar a los 60 mil millones de pesos.
Guardadas las proporciones y tan sólo en un año, 2017, el gobernador Juan Manuel Carreras y el alcalde Ricardo Gallardo Juárez gastaron en promover su imagen 110 millones 576 mil pesos, de los cuales 60 millones 230 mil pesos corresponden al ex alcalde. Dinero cuyo destino fue decidido y distribuido en forma arbitraria y discrecional para la promoción personalizada de estos dos personajes y para quedar bien con los dueños, concesionarios y directivos de medios. Dinero que en todo caso ─y seguramente en mucho menor cantidad para evitar el dispendio─ debió servir para informar y no para hacerse propaganda y tratar de ocultar las malas prácticas de sus gobiernos, además de aprovechar para ejercer un control mediático dirigido a desincentivar el periodismo crítico.
Día tras día, en medios impresos, electrónicos y digitales se publicaban ─y Carreras lo sigue haciendo─, parcial o totalmente, comunicados de prensa que alababan al gobernador o al alcalde a cuenta del dinero de todos.
El gasto en medios con fines informativos para dar cuenta del estado que guarda la administración pública, es perfectamente legal y legítimo, pero no para promover figuras públicas con fines particulares haciendo uso de un mecanismo como las gacetillas ─publicidad comercial o propaganda política disfrazada de información periodística─ con las que gobernantes y medios engañan, unos a sus representados, y los otros a sus audiencias.
El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución mexicana es muy claro al respecto: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Es de esperarse pues que el nuevo alcalde de la capital asuma un compromiso público y se ciña a lo que establece la Constitución, la cual juró guardar y hacer guardar. En congruencia con ese juramento, Nava Palacios debe fijar a la brevedad su postura sobre los criterios que se habrán de emplear para ejercer adecuadamente el dinero destinado a informar a la comunidad sobre el estado que guarda su administración, y darla a conocer a la opinión pública.
El uso de recursos del erario para la promoción personalizada ha sido una tentación irresistible para la inmensa mayoría de los políticos encumbrados y más cuando aspiran a ocupar otro cargo de mayor rango ─¿quién puede descartar que Xavier Nava buscará la gubernatura del estado en tres años?; por el contrario, lo más seguro es que eso suceda─. Veremos entonces si el alcalde de la capital es capaz de resistir a esa tentación y evita engañar por esa vía a los habitantes del municipio de San Luis Potosí.
