Alejandro Rubín de Celis
El uso de la gacetilla como forma de propaganda presentada como información periodística en los medios informativos es una vieja práctica de la clase política a la que prácticamente ningún presidente, gobernador o alcalde de alguna ciudad importante es capaz de resistirse.
La proyección de esa imagen personal, cuyo costo no se paga de los bolsillos de los funcionarios sino de los recursos que aportan los contribuyentes al erario, regularmente sirve para fines privados con los que los políticos pretenden encumbrarse en la escalera del poder y sobre dimensionar o hasta engañar a la sociedad sobre la labor que ejercen en el servicio público. Para operar estas acciones proselitistas, estos personajes emplean las áreas o direcciones de comunicación social y de prensa de los distintos niveles de gobierno.
La administración del alcalde Xavier Nava Palacios publicó una gacetilla el sábado 5 de enero al menos en la versión impresa del periódico Pulso y en las versiones digitales de Plano Informativo, El Heraldo y Pulso. El comunicado oficial de la administración municipal tituló así la información: “San Luis Potosí municipio,referente (sic) en acceso a la información”. ¿Será esta propaganda el inicio extraoficial de la campaña de Nava por la gubernatura del estado?
Los encabezados de las notas en los tres medios cambian ligeramente pero el contenido es exactamente el mismo que el del boletín ―con foto de Nava incluida, por supuesto, aunque la imagen del alcalde es diferente en cada medio― y versa sobre un acuerdo tomado por el Cabildo en noviembre pasado, a iniciativa del presidente municipal, para que el costo de cada copia por la entrega de información pública se fijara en un peso, luego de que la administración pasada llegó a cobrarlas hasta en 40 pesos por foja; y que el Congreso del Estado retomara esa medida para aplicarla en las leyes de ingresos de este año en los 58 municipios de la entidad.
En el contenido de la propaganda, Nava se viste de adalid de la transparencia y al mismo tiempo viola la Constitución federal ―artículo 134― y la estatal ―artículo 135― que prohíben claramente la promoción personalizada con cargo al erario y que establecen que la propaganda de cualquier entidad pública debe tener “carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”.
Además del tema constitucional, y quizá más grave, está el aspecto moral de un alcalde que se comprometió a transparentar sus actos de gobierno y hablarle con la verdad a sus representados y que incurre en el engaño con tal de mantener una presencia favorable en los medios. Transparentar lleva aparejado poner la verdad por delante, no simular ni manipular para beneficio particular.
Cualquier político con mediana experiencia ―él ya fue diputado federal― sabe que la propaganda personalizada está prohibida, de manera que Xavier Nava, o bien a través de alguno de sus colaboradores más cercanos, debió advertir al personal del área de Comunicación Social, desde el inicio de su administración o incluso antes, que por ningún motivo fueran a contratar espacios en medios para promover su imagen con recursos públicos.
En sentido estricto, el supuesto acto promovido por el alcalde para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas que refieren tanto el comunicado como las notas publicadas en los tres medios, se convierte en un acto de opacidad por la simulación que significa presentar una información como noticia periodística cuando se trata de promoción personalizada salida directamente de la oficina de comunicación del ayuntamiento de la capital.
Y en ello contribuyen, para cerrar la pinza, los propios medios informativos tradicionales ―carentes de independencia editorial― que suelen asegurar que es a sus lectores y audiencias a quienes se deben cuando lo que realmente les importa es obtener ganancias, así sea a costa del derecho constitucional a la información que tienen las personas.
El dirigente municipal del PAN, Maximino Jasso, quiso salir al quite del presidente municipal al declarar que en el Presupuesto de Egresos 2019 del ayuntamiento, la partida para comunicación social y publicidad corresponde a la mitad de lo que gastó Ricardo Gallardo Juárez. El asunto de fondo no es si se gastará más o menos dinero en este rubro ―aunque sí es importante, claro―, lo más relevante en términos democráticos es que el alcalde está engañando a la ciudadanía y que esos recursos deben usarse para informar con oportunidad y veracidad sobre las acciones de gobierno dirigidas a mejorar la calidad de vida de quienes habitan el municipio de San Luis Potosí.
La información sobre el gasto en comunicación y publicidad no tiene que obtenerse vía solicitudes de información, como lo sugiere el dirigente municipal panista. Su publicación en la página oficial del ayuntamiento es una obligación que se establece en le Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, lo mismo que los medios con los que se contratan los espacios de difusión.
Con engaños no se ejerce la función pública, ya bastante ha soportado la ciudadanía con gobiernos deshonestos. Con engaños no se busca la gubernatura, así es que más vale que Xavier Nava acabe con este esquema de simulación pagado con nuestros impuestos o de lo contrario el electorado se lo cobrará en las urnas.
Y la población y la prensa independiente deben estar muy alertas y denunciar cualquier nuevo acto de propaganda personalizada del alcalde.
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