Por Victoriano Martínez
El artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado abre la posibilidad para que cualquier persona le presente denuncias a la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre irregularidades cometidas por funcionarios públicos, sin importar si se trata del ejercicio fiscal sometido a revisión, o el de años anteriores.
Incluso señala tres vías para hacer la denuncia: presentarla al Congreso del Estado, a la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo o directamente a la Auditoría Superior del Estado.
La ASE está obligada a revisar el caso e informar al denunciante “la resolución que tome sobre la procedencia de iniciar la revisión correspondiente” (último párrafo del artículo 49 de esa Ley).
En ninguno de los 98 artículos que componen esa Ley se establece que la ASE deba limitarse a revisar si lo denunciado forma parte o no de las observaciones que resultaron de las revisiones a las cuentas públicas, pues se entiende que las denuncias abren una ruta de investigación propia, o no tendrían razón de ser.
A pesar de ello, en dos casos denunciados por la organización Ciudadanos Observando la ASE ha dejado ver su actitud chambona con esa lógica que anula cualquier posibilidad de que, por la vía de la denuncia ciudadana, se busque combatir la impunidad que esa misma instancia reparte con informes de auditoría barco.
La posibilidad de la denuncia ciudadana es una alternativa que se abre a la población afectada por las irregularidades en que incurren las autoridades y que la ASE –sea por negligencia o por situaciones como la ecuación corrupta– deja sin sanción.
No abrir investigaciones sobre las dos denuncias que presentó la organización Ciudadanos Observando porque en sus auditorías no se generaron observaciones es tanto como erigirse como la única instancia capaz de detectar casos de corrupción.
Lo que la ASE no vio, no existe.
Como si se tratara de un ente fiscalizador que ya hubiera recuperado la confianza que se hizo trizas con la ecuación corrupta, y siguió en caída libre con la aprobación al vapor de los informes de auditoría de las cuentas públicas de 2017, totalmente responsabilidad de Rocío Elizabeth Cervantes, actual titular de la ASE, y los diputados de la actual Legislatura.
Lo que la ASE no vio es, en realidad, prolongación de la ecuación corrupta, una ceguera fingida y encubridora… y al negarse a investigar las denuncias lo confirman.
