Por Antonio González Vázquez
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre del año en San Luis Potosí se contaron 284 víctimas de delitos de alto impacto: 216 de homicidio, 14 de secuestro y 54 de extorsión. Pero se trata solo de las víctimas directas, esa cantidad se eleva hasta por diez cuando se relaciona a las víctimas colaterales.
Cuando se comete un crimen hay mucha gente dañada directa e indirectamente, ellos y ellas también son víctimas.
A Rafael de 29 años de edad lo ejecutaron y luego lo encajuelaron en su propio vehículo que fue abandonado cerca de la carretera Ciudad del Maíz-Cárdenas. Seguramente Rafael dejó familia, tal vez esposa e hijos o quizás a unos padres ahora desconsolados y amigos dolidos.
No se trata sólo de decir que los muertos, muertos están, sino que el daño les sobrevive en sus familias, ahora incompletas o abandonadas.
Josafat caminaba tranquilo por una calle de la colonia Retornos cuando tres sujetos le cerraron el paso y lo apuñalaron. La policía afirma que se trató de un suceso relacionado con la rivalidad entre delincuentes, pero Josafat, el asesinado, también tiene familia, una familia que también es víctima de una circunstancia que no eligió.
En pleno centro de Ciudad Valles fue localizado el cuerpo de un hombre que habría sido asesinado a golpes ¿Y su familia, qué con ellos, qué hace el Estado por ellos?
No hace nada, así como tampoco hace gran cosa en casos como el de don Ariel, el tendero de Valle Dorado asesinado por delincuentes porque se negó a entregar el dinero de las ventas del día.
No hay nadie que haga nada por las víctimas, el gobierno reduce el problema de la inseguridad a los números de los incidentes y de los muertos, por eso, luego se justifica que hay menos homicidios que en otros estados, que no hay problema, que estamos trabajando, que hacemos un esfuerzo importante, que hay menos delitos de los que se percibe o presume.
Pero nadie se ocupa de las víctimas. Desde el gobierno se minimizan los hechos y no se encuentra una salida. Hay una Comisión que sólo sirve para dar el pésame a los deudos y para dar cita con los psicólogos. No va más allá, al final es sólo un coto de poder de la diputada Marta Orta.
