Desiree Madrid
La Cámara de Diputados votó el pasado 25 de marzo la solicitud de desafuero contra el legislador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien enfrenta una acusación por presunto intento de violación.
La solicitud fue presentada por la Fiscalía General del Estado de Morelos, pero la mayoría de las y los legisladores federales rechazaron el dictamen para retirarle la protección constitucional.
El fuero no implica la absolución de un funcionario público, sino que lo protege de ser procesado judicialmente mientras ejerce su cargo. En este caso, la votación generó controversia debido a la gravedad de la acusación.
Diputados potosinos y su postura
San Luis Potosí cuenta con 12 representantes en la Cámara de Diputados, de los cuales 10 votaron a favor de rechazar la solicitud de desafuero, alineándose con la propuesta de la bancada de Morena. Estos legisladores pertenecen en su mayoría a la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM).
Los diputados que votaron en contra del desafuero fueron:
- Aremy Velazco Bautista (PT-PVEM-Morena) – Distrito 1 (Matehuala). Ingeniera petrolera y exservidora de la nación en la Secretaría del Bienestar.
- José Luis Fernández Martínez (PT-PVEM-Morena) – Distrito 2 (Soledad). Exregidor y expresidente municipal interino de Soledad, con trayectoria en el PRD y el Senado.
- Óscar Bautista Villegas (PT-PVEM-Morena) – Distrito 3 (Rioverde). Ha sido diputado local y federal en varias ocasiones, con antecedentes en la Confederación Nacional Campesina.
- Francisco Adrián Castillo Morales (PT-PVEM-Morena) – Distrito 4 (Ciudad Valles). Maestro en Salud Pública y exfuncionario en el sector salud estatal.
- Juan Carlos Valladares Eichelmann (PT-PVEM-Morena) – Distrito 6 (San Luis Potosí). Empresario con experiencia en el sector inmobiliario y exsecretario de Desarrollo Económico en SLP.
- Briceyda García Antonio (PT-PVEM-Morena) – Distrito 7 (Tamazunchale). Excoordinadora de programas sociales de Morena y directora regional de la Secretaría del Bienestar.
A estos legisladores se sumaron cuatro diputados potosinos de representación proporcional, quienes también votaron en contra del desafuero:
- Leonor Noyola Cervantes (PVEM). Exsenadora y expresidenta municipal de Soledad de Graciano Sánchez.
- Omar Alejandro Acosta Ornelas (PVEM). Excoordinador de programas sociales.
- María Graciela Gaitán Díaz (PVEM). Exregidora y exdiputada local en San Luis Potosí.
- Gabino Morales Mendoza (Morena). Exdelegado estatal de programas sociales del gobierno federal.
- Ricardo Gallardo Juárez (PVEM) ex presidente municipal de Soledad y San Luis Potosí.
Solo dos de los 12 diputados potosinos votaron a favor del desafuero a Cuauhtémoc Blanco:
- David Azuara Zúñiga (PAN-PRI-PRD) – Distrito 5 (San Luis Potosí). Exregidor del PAN y con propuestas enfocadas en salud e infraestructura hidráulica.
- Nubia Iris Castillo Medina (PAN) – Diputada plurinominal. Licenciada en Administración y coordinadora de Acción de Gobierno en el PAN, sin experiencia previa en la función pública.
El caso ha generado un debate sobre el uso del fuero en México, ya que aunque la figura protege a los legisladores del uso político de la justicia, también ha sido criticada por ser un escudo para evitar el escrutinio judicial.
La decisión tomada por la mayoría de los diputados y diputadas, incluidos los potosinos, refuerza la postura de Morena de evitar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, quien ha señalado que la acusación en su contra tiene motivaciones políticas.
Por otro lado, la oposición sostiene que el desafuero es necesario para que el exfutbolista y gobernador con licencia de Morelos enfrente la justicia en igualdad de condiciones.
Tras haberse beneficiado de la votación que protegió su fuero constitucional, Cuauhtémoc Blanco Bravo compareció voluntariamente ante la Fiscalía General del Estado de Morelos este jueves 27 de marzo de 2025.
A su llegada a la FGE en Temixco, Morelos, Blanco Bravo, acompañado de su equipo legal, negó tener un vínculo consanguíneo con la denunciante.
Además, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la decisión del Congreso de no proceder con el desafuero bajo el argumento de que la denuncia provino de un fiscal corrupto, Uriel Carmona, con quien ha tenido confrontaciones previas.
