Alejandro Rubín de Celis
Se va por la borda la muy escasa credibilidad de que gozaba la auditora superior del estado, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado. La organización civil Ciudadanos Observando (CO) ha puesto al descubierto información que había evitado hacer pública la funcionaria acerca de las compensaciones que se otorgan a personal de base y de confianza y que en junio pasado ascendieron a más de tres millones de pesos.
El escándalo mayor tiene que ver con las elevadas compensaciones que recibieron algunos empleados de alto rango, comenzando con la propia titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), quien reportó en ese mes, a través de la Plataforma Estatal de Transparencia, un ingreso neto de 63 mil 94.20 pesos, pero que de acuerdo a un documento oficial obtenido por CO mediante solicitud de información pública, cuenta con una iguala de 156 mil 882.37 pesos.
Con los abusos y excesos que se detectaron en la gestión del ex auditor superior, José de Jesús Martínez Loredo -entre los que también hubo compensaciones discrecionales, además de una nómina secreta- se había dado un voto de confianza a la nueva auditora, mismo que perdió desde que presentó los informes finales de las auditorías del ejercicio 2017 y que pusieron a salvo a los diputados de la Ecuación Corrupta, y más recientemente cuando declaró inmaculadas las cuentas públicas de los tres poderes del Estado, amén de otras irregularidades que ha mostrado en su desempeño.
Ahora, con la revelación de Ciudadanos Observando sobre las compensaciones a empleados de la ASE se refuerza la idea de que Cervantes Salgado incurre en las mismas prácticas que su antecesor quien, junto con sus colaboradores más cercanos fue despedido luego de que se conoció la red de lavado de cuentas públicas municipales correspondientes al ejercicio 2016 y otras anomalías. ¿También será despedida la auditora superior por éste y otros hechos cuestionables en su actuación? No hay que olvidar que fue nombrada por los diputados de la anterior legislatura.
La ASE dio respuesta insuficiente a una solicitud de CO para conocer los detalles de quiénes y por qué montos empleados del órgano de fiscalización recibían compensaciones, por lo que presentó un recurso de queja ante la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), que la obligó a entregar la información solicitada. ¿Por qué no la entregó desde que se presentó la petición original si afirma que esos pagos son legales?
Cervantes Salgado sostiene que las compensaciones que se vio obligada a revelar contra su voluntad están debidamente programadas y aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado. Entonces ¿por qué no ha subido esa información a la Plataforma Estatal de Transparencia como lo marca la ley?
La fracción XI del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado es clara al respecto. Las entidades públicas están obligadas a publicar “la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”.
¿Con qué calidad moral puede la funcionaria pedirle cuentas a los entes que están obligados a rendirlas si no es capaz de transparentar los datos que son parte de su responsabilidad?
Independientemente del ocultamiento de información y la opacidad con la que opera la titular de la ASE, es excesivo el monto de un número importante de esas compensaciones. ¿Quién las aprobó? Pues la propia titular de ese organismo fiscalizador de acuerdo a las atribuciones que le marca el artículo 77 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, José Antonio Zapata Meraz ha reconocido que la ASE no cuenta con una contraloría interna y que por lo tanto “nadie está fiscalizando al fiscalizador”.
Pero en este caso también hay una responsabilidad de parte de la Comisión de Vigilancia que tiene la obligación de evaluar el desempeño de la ASE de acuerdo a la fracción X del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí.
Zapata Meraz ha anunciado que de comprobarse las revelaciones de Ciudadanos Observando -que están en el documento oficial que esa agrupación obtuvo– instruirá a la Unidad de Evaluación y Control (UEC) -que hasta ahora ha resultado un elefante blanco– para que haga una revisión de las percepciones de los empleados de la ASE. Con este anuncio, ¿buscará distraer la atención sobre la responsabilidad que también tiene la Comisión de Vigilancia en el asunto, o será que ni siquiera tiene clara esa responsabilidad de la instancia que él mismo preside?
EL caso puede escalar hasta la totalidad de los diputados toda vez que ellos estudian -se supone- y aprueban en el pleno el Presupuesto de Egresos del Estado que incluye el gasto que aprobó Cervantes Salgado para la ASE y que por ley debió contener los tabuladores salariales que incluyen este tipo de compensaciones, que tal como se revelan ahora resultan abusivas e ilegales al ser superiores a la remuneración que recibe el gobernador del Estado.
Lo que se requiere es una investigación a fondo para deslindar responsabilidades sobre este nuevo escándalo en la Auditoría Superior del Estado. ¿Se la encargarán a la UEC que es un apéndice de la Comisión de Vigilancia, que a su vez tendría responsabilidad en el caso? ¿Quién indagaría el grado de responsabilidad de los diputados que aprobaron el presupuesto de la ASE?
Si la sociedad no protesta y presiona, este asunto quedará sin sanción para los responsables, como tantos otros que ya conocemos y en los que se ha hecho efectivo el pacto de impunidad de la élite en el poder.
