Por: Eduardo Delgado
El refrán “según el sapo la pedrada” seguro lo aplicará la Auditoría Superior del Estado (ASE) entre los 15 servidores públicos merecedores de sanción, por no haber presentado su declaración de modificación patrimonial ejercicio 2015 en el plazo establecido en la ley; entre ellos la regidora con licencia de Soledad, diputada federal electa, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática y “Gallardista”, Erika Irazema Briones Pérez.
Igual la diputada electa por el IX Distrito local, la priista Irene Margarita Hernández Fiscal, regidora con licencia en el Ayuntamiento de la capital, quien además fungió como Secretaria Particular de Emigidio Ilizaliturri, Secretario General durante la gestión de la ex alcaldesa Victoria Labastida Aguirre.
La Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado y Municipios, en su artículo 104 fracción III, imponen a quienes desempeñan cargos de elección popular, como alcaldes, regidores y síndicos municipales, la obligación de presentar su declaración patrimonial durante el mes de mayo de cada año.
Con fecha del pasado 3 de junio, apenas dos días después del mes anterior, el Auditor Superior del Estado, José de Jesús Martínez Loredo, envió el listado de los omisos al presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Martín Álvarez Martínez.
El alcalde de El Naranjo, Artemio Álvarez de León, de filiación tricolor, aparece también en esa relación de omisos.
Además de Irene Hernández, del Ayuntamiento capitalino fueron reportados el regidor Sergio Zapata Montoya, del Partido Verde Ecologista de México y la panista Leticia de Jesús Gómez Gómez, quien ocupó el cargo de regidora en suplencia de Nadya Edith Rangel Zavala.
De Soledad de Graciano Sánchez, aparte de Irazema, el responsable del órgano técnico fiscalizador del Congreso del Estado reportó como transgresora de la ley a la regidora Blanca Rosa López Gallegos, del Partido del Trabajo.
De otro de los municipios más importantes en la entidad, Matehuala, incumplieron su responsabilidad la priista Elvia Rojas Ortiz y el perredista Francisco Everardo Coronado Martínez; de Rioverde el panista Salvador Izar Segura.
Los seis restantes son de diversos partidos y municipios: Aquismón, Axtla de Terrazas, Tancanhuitz, Villa Hidalgo, Xilitla y San Antonio, en cuyo caso el infractor fue el síndico municipal.
Pero la ley es muy blanda, porque ofrece media decena opciones de sanciones aplicables a los infractores y no especifica las condiciones para cada caso.
ARTICULO 75. Las sanciones administrativas consistirán en:
- Amonestación, pública o privada;
- Apercibimiento, público o privado;
III. Multa;
- Suspensión del empleo, cargo o comisión, de tres días a seis meses;
- Destitución del puesto,
y
- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones del servicio público.
Así, “según el sapo la pedrada”, porque la elección de la sanción queda al gusto o voluntad de la Auditoria Superior del Estado.
