Antonio González Vázquez
La notable crisis de inseguridad que asuela a San Luis Potosí es tan incontestable como la frialdad de los números oficiales.
Datos del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el apartado del número de delitos del fuero común por cada cien mil habitantes, dan cuenta del fracaso institucional contra la delincuencia.
Del 2015 al 2018, ha ido en aumento la tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes.
En 2015, la tasa fue de 8.75, pero para 2016, subió a 11.02, mientras que para 2017 llegó a 16.10 y al cierre de octubre de 2018, bajó a 14.05, aunque en este caso aun restan que se contabilicen los homicidios de noviembre y diciembre.
Para el caso del feminicidio, en 2015, la tasa por cada cien mil habitantes, fue de 0.50 y para 2016, aumentó a 0.56 y para 2017, llegó a 1.25; hasta octubre de 2018, la tasa estaba ya en 1.65.
En ese delito, también falta agregar el número de feminicidios de noviembre y diciembre.
También el secuestro presenta una constante al alza en los últimos cuatro años: en 2015, la tasa por cada cien mil habitantes cerró con 0.76, pero en 2016 a 0.94 y en 2017 llegó a 1.00 y a octubre de 2018, iba en 0.64.
Por lo que toca a la extorsión, en 2015, la tasa cerró con 5.2, en 2016, creció a 7.85, mientras que en 2017, bajó a 5.39 y a octubre de 2018 estaba en 3.40.
El robo a casa habitación que lastima de manera directa el patrimonio de las familias también lleva una constante para arriba: en 2015, la tasa por cada cien mil habitantes fue de 45.40.
Luego, en 2016, llegó a 57.99 y en 2017, se elevó a 77.09 y a octubre de 2018, iba en 53.88.
En el robo de vehículo, 2015 terminó con una tasa de 32.79 por cada cien mil habitantes y en 2016, subió a 54.46 y al cierre de 2017, se incrementó a 83.05 y a octubre de 2018, estaba en 104.67.
Robar a transeúntes en la vía pública es grave porque refleja que los ciudadanos están expuestos a situaciones de riesgo directo con los delincuentes. También aquí está la constante de crecimiento.
En 2015, la tasa era de 23.37, pero para 2016, cerró en 30.53 y para 2017, llegó a 37.90 y a octubre de 2018, iba en 39.15.
Las estadísticas son las oficiales y son proporcionadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías de las entidades federativas y resultan de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público.
