Fernanda Durán
Este sábado termina el 2022 y con ello se consolidó el primer año de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona y Enrique Galindo Ceballos, dos personajes que manejan los presupuestos más altos de San Luis Potosí y que se encaminaron al cumplimiento de sus promesas de campaña, sin mucho éxito. El “vivir sin miedo” aún no llega, así como tampoco la capital más segura del país.
El 2022 también fue el año en que se sentenció a Alejandro Fernández Montiel, quien se encontraba encarcelado desde hace tres años en espera de un juicio que finalmente determinó su culpabilidad por violar a un menor de edad.
El caso de Fernández Montiel, exfuncionario del DIF estatal, evidenció cómo la burocracia limita a la justicia pese al intento de evadirla. Tras diversos aplazamientos en el juicio, peritajes que revelaron los signos de abuso sexual y cambios de asesoría jurídica sin explicación, finalmente el 19 de octubre fue sentenciado a 12 años de prisión.
Aunque no solo se limita la justicia sino también la seguridad, vista como el principal problema de San Luis Potosí, ya que este año el estado y la capital se mantuvieron con una tendencia al alza en cifras de homicidio doloso, sin salir de las 50 ciudades prioritarias en materia de seguridad, incluso con un incremento del 31.5 por ciento en el número de desapariciones.
No obstante, el gobernador y el alcalde capitalino sostienen que existen campañas para “simular” inseguridad hasta el punto de calificarlo como “terrorismo” que debe castigarse con cárcel.
En 2022, San Luis Potosí no fue el único Ayuntamiento que enfrentó dichas problemáticas, pues en la zona Media, específicamente en Rioverde, el desinterés por las desapariciones y la inseguridad no solo causó indignación en la población y colectivos, sino también en las autoridades estatales.
También como reflejo del problema de inseguridad en el estado, la zona Huasteca falló en su estrategia de seguridad este año; mientras tanto, el Gobierno estatal promete recurrentemente que reforzará el plan de seguridad, pero sin cambios.
Sin duda este 2022 tampoco representa el año de la transparencia con lo que respecta Gallardo Cardona. En su Primer Informe de Gobierno mostró inconsistencias en el costo anunciado de las obras más importantes de la administración a la par que su gabinete a la hora de transparentar facturas, contratos y empresas que se encargan de la gestión.
Cuestión que debería ser transparentada y reforzada en las comparecencias del año ante el Congreso del Estado como el caso de Isabel Leticia Vargas Tinajero, secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. No obstante, los cuestionamientos de los diputados indican una coordinación con el Poder Ejecutivo, denunciada por la organización civil Ciudadanos Observando.
Por su parte, quienes transparentan algunas de sus obras y contrataciones intentan minimizar o justificar el hecho con que las administraciones pasadas también lo hicieron, como es el caso del alcalde Enrique Galindo y el contrato del asesor externo jurídico José Mario de la Garza, quien hasta este mes recibirá 4 millones 300 mil pesos del erario por una supuesta asesoría jurídica.
En otros casos simplemente mintieron, como las nuevas patrullas del Ayuntamiento de las que se intentó ocultar el costo real y el proceso de contratación, puesto que fueron adjudicadas directamente a una empresa cuyo principal socio es Luis Humberto Montaño García, ex vicecoordinador de campaña de Enrique Peña Nieto.
Por lo que este 2022 con adjudicaciones directas de contratos, conflictos de intereses y opacidad, tanto en pagos como en contrataciones, es el reflejo de un primer año de gestión municipal y estatal.
Mientras que diversas dependencias y sindicatos reclaman retrasos en sueldos, bonos y prestaciones.
El 2022 a nivel estatal estuvo entregado al cambio y reestructuración, como los despidos injustificados, especialmente en el DIF estatal, expuestos por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE).
De igual manera, la homologación de la entrega de apoyos sociales de la Secretaría de Desarrollo Social Regional (Sedesore) y del DIF estatal con la estructura de los distritos electorales fue parte de dichos cambios.
El año cierra con una sexta ola de covid-19, cubrebocas obligatorio, aumento en casos de influenza; caída en la población económicamente activa; maestros sindicalizados en espera del pago de prestaciones; hallazgo de cuerpos casi diario; aumento en el número de personas desaparecidas y la disputa de grupos criminales.
