Por Victoriano Martínez
El 16 de enero de 1992, el Doctor Salvador Nava Martínez envió un documento al entonces gobernador interino Gonzalo Martínez Corbalá, en el que propuso once puntos para resolver el conflicto político y social que se vivía en el Estado, que incluían en primer lugar la ciudadanización del Consejo Estatal Electoral (CEE).
“Aún existe la posibilidad de convertir la democracia en la base de una relación cordial y justa entre la Sociedad y el Gobierno; los potosinos queremos participar en la apertura de un nuevo capítulo en la vida política del Estado mediante expresiones y propuestas que son la experiencia de una lucha que hemos sostenido durante años con inquebrantable voluntad democrática”.
Con esas palabras, el Doctor Nava dio paso a lo que denominó bases mínimas para establecer condiciones para un avance real en el proceso democrático. En la primera propuso el nombramiento de los integrantes del CEE mediante una insaculación de ciudadanos “que garanticen por su probidad e independencia el respeto a la voluntad de los electores”.
En la segunda propuesta planteó que los representantes del gobierno ante el organismo electoral sólo participaran con voz, pero sin voto.
Aquel documento sintetizó las demandas que un movimiento totalmente civilista surgido en 1958 impulsaba en favor de que la ciudadanía tuviera prioridad en la renovación de sus autoridades y representantes de manera tan radical, que la primera ocasión que el Doctor Nava ganó la presidencia municipal lo hizo como candidato independiente.
“Ruego a usted su atención e implementación de mis propuestas en la iniciativa de la nueva Ley Electoral que ha ofrecido enviar al Congreso del Estado para su aprobación”, dijo el Doctor Nava a Martínez Corbalá al final del documento.
Propuesta sintética de todo un movimiento civilista de más de tres décadas, aquel documento marcó la conversión de los organismos electorales de entes de control a cargo del gobierno a una institución con carácter ciudadano que privilegiaran el valor del voto antes que las manipulaciones desde el poder o desde los propios partidos políticos.
Los primeros consejeros propietarios fueron Luis García Julián como presidente, Jorge Puga Arriaga, Gonzalo Benavente González, Manuel Gómez Madrazo, Daniel Diep Diep, Carlos Mendizábal Acebo, Pedro Martínez Herrera, José Hernández Garza, Guillermo García Navarro y Héctor Hernández Rodríguez.
La inercia de control que aún prevalecía en las autoridades estatales puso a prueba en plena preparación de la elección de gobernador del 18 de abril de 1993 a los integrantes de aquel primer grupo de consejeros, según narró años después García Julián.
“Nunca permitimos que se tocara al Consejo Estatal Electoral para nada. En una ocasión, nos quisieron quitar un consejero. ¿Por qué? No lo sé. Hasta en Talleres del Estado ya estaba preparado el que uno de nuestros consejeros ya no iba a formar parte del organismo.
“Esa noche nos organizamos, fuimos a visitar al secretario general de Gobierno y le dijimos: “Señor, aquí está tu Consejo Estatal Electoral. Aquí ya no participa nadie. O vamos todos los que estamos o no queremos ser Consejeros”, desde ese día, se declaró la independencia del Consejo”, dijo García Julián al dar su testimonio en el libro editado por el CEEPAC con motivo de sus 25 años.
Una postura que contrasta con la revelación que hizo Rodolfo Aguilar Gallegos al periodista Eduardo Delgado Torres, en diciembre de 2004, en el sentido de que su aspiración a presidir el Consejo Estatal Electoral formaba parte de un “proyectito” armado con los grupos parlamentarios del PRI y el PAN.
Es decir, tenía garantizado su nombramiento con el apoyo de la mayoría de los diputados que integraban la LVII Legislatura. Así, la llegada de Aguilar Gallegos a la presidencia del para entonces ya llamado Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) marcó una conversión retrógrada del organismo, para convertirse en una institución al servicio de los partidos políticos.
Si se parafrasea a Luis García Julián, se tendría que decir que desde ese “proyectito” se declaró abiertamente el sometimiento del organismo que debía ser ciudadano a los partidos políticos a través de una integración por cuotas.
Una verdadera traición, hasta hoy de tracto sucesivo, a la ciudadanización de los organismos electorales que quedaron envueltos a una metamorfosis permanente, en la que cada que son renovados es la conformación del Poder Legislativo la que determina la tendencia mayoritaria de sus integrantes a favor del partido dominante.
Una trayectoria que lleva la conformación del organismo electoral, 30 años después, al punto de partida: urge una auténtica ciudadanización.
