Por Victoriano Martínez
A más de 10 semanas de estar disponible la plataforma 3de3 por la Integridad, de los casi seis mil candidatos a alguno de los 537 puestos de elección popular en juego sólo 30 han presentado sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, entre los que se encuentran sólo tres de los nueve candidatos a la gubernatura.
La crisis de transparencia en el Estado hoy es tan grave, que los promotores de la iniciativa 3de3, la CEGAIP y el CEEPAC, se han limitado para promover que los candidatos publiquen de manera voluntaria y sin mediar obligación legal sus tres declaraciones porque tanto comisionados como consejeros electorales estarían pidiendo lo que ellos no cumplen a pesar estar obligados por ley.
El hecho de que apenas 1 de cada 200 aspirantes a cargos públicos haya presentado su 3de3 es uno de los elementos que presagia la forma en que se agravará la crisis de transparencia en el Estado, sobre todo con seis candidatos al máximo cargo público en la entidad que las ocultan.
Otro elemento que presagia un próximo sexenio de mayor opacidad es lo poco confiable de la información publicada en las declaraciones 3de3 de los aspirantes que lo han hecho: Mónica Rangel Martínez, Octavio Pedroza Gaitán y Francisco Rico Ávalos. Un ejemplo lo representan los ingresos reportados por el candidato de la coalición Sí por San Luis.
De los tres candidatos, sólo Rico Ávalos, del PANAL, reporta participación en instituciones que podrían representar un conflicto de intereses en caso de ocupar a gubernatura. Rangel Martínez y Pedroza Gaitán presentan su declaración de intereses en blanco.
El contraste entre las tres declaraciones patrimoniales de estos candidatos se puede resumir como una situación que varía entre una riqueza inexplicable de Pedroza Gaitán y una pobreza también inexplicable de Rangel Martínez.
Pedroza Gaitán reporta propiedades y utilidades financieras que requieren inversiones por montos que no pudo obtener de sus ingresos de 15 años en el servicio público.
Rangel Martínez asegura contar con sólo una propiedad de 90 metros cuadrados de terreno y 90 metros cuadrados de construcción con valor de 254 mil 900 pesos y no contar con inversiones, a pesar de haber sido señalada prácticamente cada años desde 2016 como la funcionaria del gabinete mejor pagada que alcanzó un sueldo superior a los 200 mil pesos mensuales.
La clara vocación por la opacidad de seis candidatos a gobernador podría tener explicación desde el hecho de que habrá quienes asuman pocas posibilidades de ganar la elección, hasta quien, como Ricardo Gallardo Cardona, viva situaciones tan graves que necesite ocultar su 3de3 para no confirmar señalamientos que se le hacen y auto desmontar su defensa en presuntas guerras sucias.
Si Gallardo Cardona hoy por no puede declarar abiertamente su patrimonio por convicción difícilmente lo hará, en caso de ganar, aun con la obligación legal de hacerlo.
En ambos casos el resultado es el mismo: tienen cosas que ocultarle a la ciudadanía. Seis candidatos que representan opciones que, en materia de derecho de acceso a la información pública, garantizan un sexenio de opacidad.
Gallardo Cardona ya lo acreditó desde su periodo como alcalde de Soledad de Graciano Sánchez de 2012 a enero de 2015, cuando fue aprehendido acusado de uso de recursos de procedencia ilícita y vínculos con la delincuencia organizada para después ser liberado porque el delito tenía que ver con desvíos del erario soledense y no lo acusaron por eso.
Nueve años de actividades señaladas como ilícitas y hasta ahora panistas, perredistas y priístas salen ridículamente a alertar –como si se acabaran de percatar– sobre el riesgo que Gallardo Cardona representa para el Estado.
¿Por qué no lo hicieron desde hace nueve años cuando sí tendría un sentido de exigencia de justicia? ¿Por qué hasta ahora en un contexto en el que muestran una clara expresión temor a una derrota? No sólo muestran una confesa desventaja ante Gallardo, sino que también un tardío deslinde que en realidad deja ver la complicidad que por omisión le han dispensado todo ese tiempo.
Una advertencia electorera que afecta la lucha que desde hace seis años iniciaron agrupaciones como Acción Ciudadana, Ciudadanos Hasta la Madre y Ciudadanos Observando, que hace cuatro años retomó el Frente Ciudadano Anticorrupción y hace tres años el actual Ayuntamiento en el ámbito propio del reclamo de justicia y no en el que la ha servido a Gallardo Cardona como escudo.
Las declaraciones patrimoniales hasta hoy publicadas por los candidatos a la gubernatura sólo alcanzan para que la ciudadanía pueda definir su voto entre seis que abiertamente se proclaman opacos al no atender la iniciativa 3de3, y otros tres con los que podrá acceder a información pública, aunque requerirá escudriñarla y exigir más para lograr su confiabilidad.
