Por Victoriano Martínez
“Siempre hemos tenido la instrucción de que cuando hay notas informativas en medios de comunicación o información en redes sociales, se tiene que investigar y si se encuentran datos que puedan presumir alguna responsabilidad, el ministerio público hará lo propio y este caso no es la excepción”.
No. Así no lo dijo Felipe Aurelio Torres Zúñiga, fiscal especializado en Atención a Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, al anunciar que esa fiscalía va a investigar las denuncias periodísticas por el enriquecimiento inexplicable de la familia Gallardo Cardona publicadas por Astrolabio Diario Digital y la revista Proceso y otras similares en medios de la Ciudad de México.
Torres Zúñiga lo dijo así: “Se toma la nota de manera inicial, se analiza y se queda a la espera de que llegue más información […] al ser una información consolidada, que dé arista de cuáles son los hechos, por dónde se puede iniciar y podría iniciarse la apertura, pero será analizado cada caso en particular”.
La expresión del primer párrafo de este texto corresponde a Federico Garza Herrera, fiscal General del Estado, y la pronunció el 18 de octubre de 2017 a propósito de la publicación de un reportaje la mañana de ese día en el noticiero Despierta de Carlos Loret de Mola, por Televisa, en el que los protagonistas de una cadena de corruptelas aportó el título al trabajo periodístico: La Gallardía.
Por supuesto, aquello sólo fue una declaración para salir del paso porque no se abrió ninguna investigación, y aunque cuatro meses después el Frente Ciudadano Anticorrupción presentó un par de denuncias, la Fiscalía estatal las entretuvo por tres años y medio para finalmente lavarse las manos y remitirlas a la Fiscalía General de la República.
Tres años y medio después, el flamante Fiscal Anticorrupción nombrado apenas el pasado 6 de mayo escoge esa misma forma de estrenarse en el cargo con la confesión de la más negligente actitud burocrática: “…y se queda a la espera de que llegue más información”.
La experiencia, con la aportación de un grupo ciudadano de mucha más información ampliamente documentada, demostró que aun “a la espera de que les llegue más información” incumplen su afirmación de que “sin duda se investigarán, es la encomienda constitucional, es la encomienda legal que establece el Legislativo y sin duda alguna es parte de la tarea”.
Son servidores públicos con un nombramiento autorizado por el Poder Legislativo que protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, pero se dedican a engañar a la ciudadanía con falsas promesas que no están dispuestos a cumplir porque ya tienen tomada la medida: no hay población que se los demande.
Muy lejos de actuar como fiscales, juegan el papel de alcahuetes que, en un entorno electoral como el que hoy se desarrolla, sólo contribuyen a dejar clara la existencia de una red de complicidades y que la inmensa mayoría de quienes buscan o ya ocupan los cargos públicos lo único que pretenden es medrar del erario y de la administración pública.
Lejos de tener candidatos a servidores públicos se trata de aspirantes a mejorar su fortuna aumentando sus bienes con artimañas y aprovechándose de las circunstancias, al grado de utilizar la pantalla electorera como escudo para protegerse de las situaciones penales que tendrían que enfrentar desde hace años.
Si en algo han sido constantes desde 2009 los Gallardo es en el incremento de su patrimonio inmobiliario con tales ajustes a sus artimañas, que no ha dejado de crecer su red de empresas fachada y prestanombres al amparo de una impunidad garantizada por el gobernador Juan Manuel Carreras López y sus fiscales carnales Garza Herrera y el recién llegado Torres Zúñiga.
Tampoco parece haber dejado de crecer la capacidad de la gallardía para aprovechar las circunstancias para intercambios de favores que incluso exhiben perversidades de la Cuarta Transformación como el efecto público del fallido intento de postular a Ricardo Gallardo Cardona como candidato de una coalición Morena-PVEM-PT.
Tan comprometidos estaban que, en una entrevista publicada el pasado 21 de diciembre en el periódico Pulso, luego de que no pudo ser candidato a gobernador por Morena, anunció su oportunidad de sacar ventaja.
“Yo a nivel nacional quedo incluso mejor posicionado, con una oportunidad de que todavía me la deben, de que todavía puedo cobrar facturas, y que a fin de cuentas quien falló pues fueron ellos, no yo”, dijo en aquella entrevista.
¿Hasta dónde ese cobro de facturas incluye que se le garantice impunidad a pesar de las denuncias penales acumuladas en seis años y de las investigaciones y denuncias promovidas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP? ¿Hasta dónde llegará esa complicidad de la Cuarta Transformación con la gallardía?
