Abelardo Medellín
Solo el 21 por ciento de los camiones con terminal para el programa “Mi Pase” en la zona conurbada de la capital aceptan el cobro a través de la tarjeta del mismo programa, revelaron integrantes del colectivo estudiantil Praxis Combativa en rueda de prensa este miércoles 29 de marzo.
Los integrantes del colectivo realizaron un estudio estadístico a través de la revisión de 54 unidades de diversas rutas que confluyen en los andenes del transporte urbano.
Al concluir el estudio, advirtieron que de los 54 camiones revisados, solo 11 aceptaban “Mi Pase”, mientras que 43 afirmaron no aceptar el programa pese a contar con la terminal.
Tras un análisis estadístico de los resultados, el colectivo calculó que las peticiones muestrales de camiones que no aceptan “Mi Pase” rondan el 79 por ciento, mientras que aquella porción que sí la acepta es de alrededor del 21 por ciento.
De acuerdo con su análisis, la porción poblacional de camiones que aceptan “Mi Pase” ronda entre el 8.77 y el 31.97 por ciento.
Asimismo, encontraron que la porción poblacional de camiones que no la aceptan va de entre el 68.03 por ciento y el 91.23 por ciento.
También denunciaron que los concesionarios mantienen en funcionamiento unidades anteriores a 2014, pues según sus datos, de un total de 824 unidades de cromática amarilla, 230 presentan una antigüedad igual o mayor a nueve años, de acuerdo con datos de páginas oficiales.
El colectivo afirmó que los responsables de que las unidades no tengan en funcionamiento las terminales del programa son los concesionarios, ya que el uso de “Mi Pase” por parte de los estudiantes les significa una pérdida.
“No quieren perder parte de sus ganancias (…) Con ‘Mi Pase’ un usuario debería pagar 10 pesos por pasaje, mientras que en efectivo uno debería pagar 11 pesos; los transportes tienen 40 asientos, si todos tuvieran el programa, 40 asientos por 824 unidades, por el total de corridas por día, representa más allá de miles de pesos, cercanos a 100 mil pesos”, comentó uno de los integrantes del colectivo.
Los activistas informaron que a partir de este estudio se presentará una queja formal ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), misma que tras una investigación podría derivar en sanciones para los transportistas y los concesionarios.
Por último, informaron que de incurrir en reincidencias, los dueños de las empresas de transporte podrían perder su concesión.
