Por Victoriano Martínez
Sin duda la vigilancia de los vigilantes es de lo más compleja.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) es el máximo vigilante de la administración pública y se encuentra en pleno proceso fiscalizador sobre las cuentas públicas de 2018.
Pero la fiscalización no la hace para sí misma.
“Corresponde al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, la revisión de las cuentas públicas de los poderes del Estado y demás entes auditables, con el fin de comprobar que se cumplan las normas, presupuestos, obras, metas, acciones y programas”, dice el artículo 54 de la Constitución Política del Estado.
La ASE fiscaliza para que el Congreso del Estado cumpla su obligación constitucional de revisar las cuentas públicas, y en eso está en este momento.
La Constitución le da autonomía “para desarrollar sus facultades de fiscalización, así como para decidir sobre su funcionamiento y organización interna en los términos que disponga la ley”.
Hasta el 11 de junio de 2018, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas contempló como órgano de control interno que la ASE contará con una contraloría interna. Ese día se publicó el decreto 976, que derogó la Ley anterior y la renovó con el mismo nombre.
Sobre su “funcionamiento y organización interna” la renovada ley dispuso que la contraloría interna la absorbiera la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
El artículo 69 de la Ley de Fiscalización le da, cuando menos en cuatro fracciones, facultades a la Comisión de Vigilancia para vigilar, evaluar y dictaminar para someter al pleno la actuación de la ASE. Atribuciones para las que se auxilia de la Unidad de Evaluación y Control.
Un esquema de vigilancia al vigilante superior (ASE) que buscó evitar que se vigilara a sí mismo. Incluso, entre los argumentos que se dieron se mencionó el hecho de evitar que se duplicaran funciones.
Un esquema que ahora, desde la presidencia de la Comisión de Vigilancia, la diputada Marite Hernández Correa propone regresar a como estaba antes del 11 de junio de 2018.
Y da tres razones:
- No se mencionó el área de la Unidad de Evaluación y Control a la que se asignaría la Contraloría Interna de la ASE.
- No se estableció quiénes (funcionarios específicos, dado que se despidió a quienes integraban la Contraloría Interna) darían seguimiento a los asuntos pendientes.
- No se previó la creación de las áreas destinadas a continuar con los procedimientos ya iniciados.
Tres faltas que, en lugar de corregirlas para que la Comisión de Vigilancia esté en condiciones de cumplir las obligaciones que le marca la Ley de Fiscalización, se opta por dar un paso atrás y revivir la contraloría interna con las mismas facultades que en la ley anterior menos una: “Presentar a la Comisión, un informe semestral de sus actividades”.
Como si la intención fuera que la Comisión simplemente se desentendiera legalmente de obligaciones que ha incumplido a partir del 11 de junio de 2018 y hasta evitar siquiera conocer si las cumple la revivida Contraloría, a la que no se le exigiría informe alguno.
La aprobación de los informes general e individuales correspondientes a las Cuentas Públicas 2017 dejó muy mal parados a la Comisión de Vigilancia, que exhibió no haber trabajado en una revisión real de los documentos que le presentó la ASE y se limitó a reproducir el que habían dejado sin efecto de sus antecesores.
Que hoy, aunque apenas se trate de una iniciativa, se encamine una posible declinación en parte de sus facultades y las de su órgano de apoyo, la Unidad de Evaluación y Control, dejan ver una Comisión de Vigilancia encaminada a un trabajo que confirma su condición de chambones confesos.
