Leticia Vaca
El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) advirtió sobre una estrategia de defensa con la que ex diputados denunciados penalmente por apropiarse de recursos públicos a través de la simulación de apoyos sociales pretenden llegar a acuerdos y se les otorgue el perdón.
“Como Frente Ciudadano Anticorrupción, hemos tenido acceso a información sobre esta estrategia, y concretamente presentamos con este comunicado el caso del ex diputado Mariano Niño Martínez, quien en lo que representa una confesión de su culpabilidad propone al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Giovanni Efrén Camarillo Hernández, un acuerdo reparatorio como salida alterna a la denuncia penal que hay en su contra”.
La propuesta de Niño Martínez, indicaron, implica que el Congreso del Estado se pronuncie, para lo cual desde el pasado 5 de abril mediante oficio, el agente del Ministerio Público, Gerardo Ávila Rodríguez, requirió a la diputada Sonia Mendoza Díaz, en su carácter de presidenta del Congreso del Estado, que “en el ámbito de sus facultades y atribuciones, se le solicita, a fin de que manifieste si va o no a formular querella”.
En ese sentido, evidenciaron que han pasado 22 días y dos sesiones plenarias desde la fecha de la petición del Ministerio Público y Sonia Mendoza. No obstante, aclaran que Mendoza Díaz no tiene facultades para atender al requerimiento, dado que la Directiva es un órgano de dirección, no de decisión, por lo tanto, exigieron que dé cuentas y se sometan al Pleno las denuncias hasta ahora presentadas por organizaciones ciudadanas, además de que se incorporen las irregularidades que hayan detectado en el proceso de entrega recepción.
En el caso de Mariano Niño Martínez , en diciembre de 2017 se presentó la primer denuncia de la cual resultaron 23 víctimas de robo de identidad y de las cuales 13 presentaron querellas contra los entonces diputados.
En todos los casos el modus operandi era el siguiente: la gente solicitaba un apoyo al Congreso (antes contaban con 38 mil pesos mensuales cada diputado para apoyos legislativos) y dejaba copia de su credencial. Sin embargo, los apoyos eran negados y nunca fueron entregados a los supuestos beneficiarios, pero sí simulaban haberlos otorgado.
Mariano Niño devolvió 89 mil pesos y una vez que se enteró de que el caso estaba siendo judicializado, solicitó al juez que se agotaran los medios alternos de solución de conflictos, el juez concedió la petición y se mandó notificar al Congreso del Estado. La propuesta de Niño Martínez implica que el Congreso del Estado, cuyos recursos fueron desviados, se pronuncie, comentó Oscar David Reyes Medrano, vocero de la organización “Ganemos”.
Además, explicó que con la información que tienen, saben que la Fiscalía solicitó al Congreso del Estado que diga si formulará querella. “Quién tiene la representación legal del Congreso es Sonia Mendoza, pero ella tienen que dar cuenta al Pleno de esta situación, cosa que no ha pasado (…) estamos en un punto en el que el Congreso tiene que decidir combatir la corrupción o no”.
