Por Victoriano Martínez
Entre las cosas que más suelen inspirar los políticos se encuentra la desconfianza. No es gratuito, y quienes hoy ocupan cargos públicos tendrían que ser conscientes de ello para actuar en consecuencia, porque les toca revertir la mala fama que a la función pública le han construido sus antecesores.
Ganar una mayoría de votos no borra el déficit de confianza que les dejan en los cargos que ahora ocupan. A lo más, les da un margen, un breve lapso, en el que la euforia de la elección atempera la desconfianza para generar cierta esperanza o, cuando menos, el beneficio de la duda.
Pero el plazo es corto y el resurgimiento de la desconfianza siempre se encuentra latente.
La administración pública ha generado mecanismos que buscan recuperar esa confianza a través de instituciones que ofrezcan a la ciudadanía garantías de que quienes ocupan los cargos públicos se apeguen al deber ser y a respetar los derechos de todos.
Una de esas instituciones es la que tiene como fin garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Lamentablemente quienes han integrado la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública en el estado han hecho de ese organismo un obstáculo más, antes que un garante.
Que las personas que integran las instituciones fallen no elimina que existan los derechos. La transparencia y el derecho de acceso a la información pública están en Ley y los funcionarios protestan cumplir y hacer cumplir las leyes, esa incluida, ante la que son sujetos obligados.
Tal vez al verse como obligados, predispone a los funcionarios ante la transparencia, y les impide ver el fin real que esa Ley planteó desde su primera versión en 2003: Impulsar un cambio en las formas y modos de relación entre los poderes públicos y los ciudadanos, basado en la transparencia de las decisiones, mecanismos y métodos de operación de las autoridades.
Ante el surgimiento de dudas y cuestionamientos sobre la actuación de los servidores públicos suelen reaccionar en sentido totalmente opuesto a ese fin:
Lejos de preocuparse por transparentar al máximo la relación que tienen con sus asesores y asistentes, a los diputados se les giran recomendaciones para que el cuestionamiento quede lo más pronto posible en el olvido.
Si tan honrados y honestos son como se auto describen, ningún trabajo les costaría abrir un espacio en su portal Web para publicar a detalle esas relaciones y, lejos de mandar al olvido un cuestionamiento y generar más desconfianza, colocarían en la memoria colectiva un acto que verdaderamente demostraría su dicho.
En lugar de aprovechar que Teresa Carrizales reveló un documento que forma parte de la investigación de su violento desalojo de la Oficialía del Registro Civil número 11 para informar lo más abierto posible sobre su intervención en el caso, Sebastián Pérez, secretario del ayuntamiento, opta por pedir que no se mediatice un solo documento.
Algo provoca ocupar un cargo público que pierden de vista que sobre lo que debe haber reserva es sobre el curso de una investigación, porque la información pública involucrada no pierde ese carácter. Por ejemplo, si se enviara un acta de Cabildo al expediente, no tendrían por qué bajarla de la plataforma de transparencia porque es información que debe difundirse de oficio.
Perder las oportunidades de transparentar todos sus actos, no sólo viola la Ley de Transparencia, es no aprovechar la posibilidad de generar confianza ante la ciudadanía… a menos que no les sea posible transparentarlo porque al hacerlo justamente confirmarían las sospechas que los hacen poco confiables.
