Por Victoriano Martínez
Un grupo de víctimas encadenadas a la sede de la institución que debe apoyarlas, un bloqueo a la avenida Salvador Nava por parte de introductores de ganado al rastro municipal, un comerciante ambulante en huelga de hambre, estudiantes universitarios que exigen mayor seguridad, son tres acontecimientos reportados este jueves.
Tres de muchas muestras que indican que algo han dejado de hacer o lo han hecho mal quienes encabezan la administración pública en todos los niveles.
Independientemente de que tengan o no razón quienes de esa manera protestan, el punto es que lo hecho o dejado de hacer por la autoridad provocó esa reacción y, lo más lamentable, es que quienes están a cargo parecen más preocupados en justificarse que en analizar los asuntos a fondo para buscar soluciones reales.
Alejandro Leal Tovías, secretario general de Gobierno, con su anuncio sobre la ejecución de decisiones cronológicamente programadas, provocó que la protesta frente a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas escalara, y ahora los protestantes se encuentren encadenados.
Afirmar que el 90 por ciento de los ganaderos que llevan animales a sacrificar al rastro están de acuerdo con la mudanza de ese centro de matanza no elimina las inconformidades del 10 por ciento restante que, por ser minoría, no pueden ser desechados sin que se evalúen la pertinencia o no de sus planteamientos.
Si por 39 años un comerciante informal se instaló en un cruce de los accesos a la Plaza de Armas a vender dulces típicos, que se le niegue lo que en sí podría formar parte de una tradición sin que se cuente con un plan integral sobre el comercio informal que justifique a plenitud la acción enfrenta al inconforme a un acto de autoridad que no exhibe razón que lo pudiera convencer de la medida.
Las protestas contra la inseguridad por parte de los estudiantes bien podría convertirse en el corto plazo en la protesta de toda la sociedad, porque el problema es generalizado. No es como para que quien reclame deba ir de instancia en instancia con su protesta, sino para que los tres niveles de gobierno busquen estrategias de una coordinación abierta a la participación ciudadana.
Cuatro muestras de que algo no hacen, o hacen mal, las autoridades. En contraparte, sólo aparece un caso verdaderamente aislado de una inhabilitación por diez años para ocupar cargos públicos a un personaje que, como funcionario de la CEEAV, se hizo pasar por actuario para victimar a vecinos de la comunidad de Noria de San José.
Si desde la autoridad algo no se hace, o se hace mal, sin que se busquen soluciones ni haya consecuencias para quien está fallando, no tiene por qué extrañar que cada vez surjan más protestas y movilizaciones, que están obligados a tomar como un llamado a la autocrítica y revisión de sus actos para corregirlos y ofrecer un mejor servicio a la población.
