Xochiquetzal Rangel
Teresa Carrizales Hernández, ex oficial número 11 del registro civil, acudió a la Unidad Administrativa Municipal para sostener una reunión con los regidores capitalinos y solicitarles la destitución inmediata de Edgar Jiménez Arcadia, director de Seguridad Pública Municipal, por las violaciones a sus derechos humanos durante el desalojo del pasado 1 de julio.
Después de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitiera una resolución en la que evidencia como único responsable de la actuación y violación de derechos humanos al titular de la DGSPM, la ex oficial mayor pidió la destitución inmediata de Jiménez Arcadia, y de Sebastián Pérez, secretario general del Ayuntamiento, por ser el superior del comisario, además de ser el responsable de la presunta falsificación de documentos para integrar un dictamen que le otorgaba facultades sobre las oficialías de registro civil.
“Lo grave de esta recomendación no es a quién señalan como responsable material, lo grave es lo que pone en evidencia: que tenemos un comisario de la policía que actúa solo, de manera unilateral; es muy grave y yo quiero saber dónde están los responsables de la seguridad pública en San Luis Potosí, dónde está el señor presidente municipal y el señor secretario, como para que su comisario actúe de esta manera y haga estas brutalidades y haga estas atrocidades y pase por encima de los derechos humanos de las personas sin que los de arriba de su jerarquía se den cuenta”, enfatizó.
Pese a que la recomendación gira instrucciones para que el contralor interno del Ayuntamiento comience investigaciones para determinar las sanciones a las que podría ser acreedor Jiménez Arcadia, la ex oficial del Registro Civil puntualizó que el contralor no necesita más pruebas que las que ya hay para destituir inmediatamente al comisario, evidenciando el tiempo que han tardado en dar soluciones a su caso, ya que, destacó, en la CEDH se tardaron tres meses para emitir la recomendación.
“Sus elementos, su investigación, no les alcanzó para señalar a alguien más, porque yo creo que si empezamos a dudar de las instituciones garantes de los derechos humanos, si están coludidos con las autoridades, estamos jodidos como sociedad”, agregó.
Explicó que, en caso de que no se resuelva dicho asunto, recurrirá a otras instancias, como la cita que tiene en la Federación para exponer su caso ante la administración pública y que pueda haber sanciones para Sebastián Pérez García, a quien señaló como el autor intelectual de su desalojo, y Edgar Jiménez Arcadia, quien lo accionó en compañía de elementos mujeres de la policía municipal: “siempre habrá más recursos, está el proceso en la Fiscalía, un juicio político en el Congreso”, apuntó.
Respecto a la actuación de la Coordinación de Derechos Humanos Municipales durante el proceso, Teresa Carrizales indicó que es un vergüenza que, a un año del ejercicio de la misma, se mande a capacitar en materia de derechos humanos a sus integrantes.
Por su parte, el director general de Seguridad Pública Municipal, Edgar Jiménez Arcadia, se limitó a declarar que los elementos e integrantes de la DGSPM trabajan todos los días en favor de la ciudadanía potosina, además de que los temas legales se están dirimiendo en las instancias correspondientes.
Mientras que el contralor municipal, José Mejía Lira, explicó que comenzarán las investigaciones correspondientes derivadas de la recomendación emitida por la CEDH, y, pese a que no sabe cuándo podrían determinar las conclusiones del procedimiento, dijo que en caso de que el comisario Jiménez Arcadia tuviera responsabilidades, sería acreedor a una sanción que podría ir desde una amonestación hasta la destitución de su cargo.
