Por Victoriano Martínez
“No habrá punto para la impunidad, lo que se deba se tendrá que pagar”, prometió Xavier Nava Palacios en su discurso tras rendir protesta como alcalde, el 1 de octubre de 2018.
A un año, la expectativa que generó no ha provocado una sola sanción para los altos funcionarios de la anterior administración, a pesar de haber reportado, desde el 14 de noviembre de 2018, haber detectado mil 843 irregularidades.
A las apenas once denuncias presentadas entre el 18 de febrero y el 18 de julio de este año, este lunes 30 de septiembre se suma una solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado.
Doce acciones que involucran a otras instancias para que la acción de la justicia pueda romper, ya no el silencio, sino la impunidad.
Seis ante la Fiscalía General de la República (FGR) y cinco ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Ahora, una más ante el Congreso del Estado.
“El Gobierno Municipal tomó la determinación que las irregularidades encontradas no quedaran en el olvido, que se dieran a conocer y por tanto, que fueran denunciadas ante las autoridades con la competencia para actuar en favor de la reparación ante el quebranto de los intereses de los ciudadanos”, se señala en el documento entregado en Cabildo el sábado.
Ante la FGR se denunciaron irregularidades que provocaron un daño patrimonial por 436 millones 374 mil 512.26 pesos. Ante la FGE, otras cuyo daño suma 438 millones 166 mil 281.05 pesos si se considera el valor catastral del predio del Camino a la Presa, o 633 millones 32 mil 407.05 pesos si se toma el valor comercial de ese predio.
Once denuncias que acumulan un daño patrimonial por hasta mil 61 millones 99 mil 464.86 pesos, según el informe presentado ante el Cabildo. Once denuncias que están muy lejos de la expectativa que generó la revelación de mil 843 irregularidades detectadas. Once pasos que abren la duda sobre cuántos más ya debieron darse.
Once pasos que no pueden ser considerados suficientes para justificar que ya se actuó y ahora el asunto está en manos de otras instancias. Denunciar no basta ante una FGE que ha mostrado un tortuguismo cómplice en las denuncias presentadas por el Frente Ciudadano Anticorrupción, a pesar de los pronunciamientos públicos de esa agrupación.
Si un grupo ciudadano ejerce presión pública para tratar de que no prevalezca la impunidad, una autoridad que se comprometió a su combate tendría mayor fuerza para ejercer ese mismo tipo de acciones. Sobre todo si adoptó la consigna de sonar fuerte.
Pero no todas las sanciones a los ex funcionarios quedan en manos de instancias de procuración de justicia. La Contraloría Municipal, como órgano de control interno también puede aplicar sanciones. Incluso la Auditoría Superior del Estado le suele reportar los casos en los que debe sustanciar ese tipo de procedimientos.
No obstante, a un año de la actual administración, en el documento entregado por Nava Palacios al Cabildo no se reporta ningún caso de ex funcionario alguno sancionado.
Es importante que se involucre a las instancias de procuración de justicia a través de denuncias específicas, y hasta al Congreso del Estado. Pero si esas acciones no van acompañadas de un impulso, sea formal o político de cara a la ciudadanía, no hay esfuerzo suficiente para que no haya punto para la impunidad, y que lo que se deba se tenga que pagar.
