Por Victoriano Martínez
Si algo caracteriza las actuaciones de las entidades de procuración de justicia en el Estado es la forma en que se apegan a la cuarta definición que la Real Academia Española da de burocracia: administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas.
Lunes y martes esa actitud actuó a favor del retraso artificioso del proceso penal iniciado hace más de un año en contra de dos integrantes de la LXI Legislatura, la de la ecuación corrupta.
Se trata de los ex diputados José Luis Romero Calzada y Dulcelina Sánchez de Lira, quienes se libraron de sendas audiencias de imputación por el delito de peculado por exactamente la misma razón: ninguno de los dos fue localizado “en los domicilios que proporcionó”.
Los dos proporcionaron –según se expresó en las frustradas audiencias– dos domicilios para ser localizados, y en su rigidez y superflua formalidad, la autoridad se limitó a acudir a esas cuatro direcciones para reportar que no fueron localizados.
Una ausencia justificada que difiere la realización de las audiencias de imputación sólo a favor de quienes resulta increíble que no pudieran ser localizados por una autoridad atrapada convenientemente para los acusados en su rígido papeleo.
En el caso de Sánchez de Lira, la representación del Ministerio Público ofreció aportar dos nuevas direcciones en las que sí se le podrá localizar, lo que sólo aporta a la ecuación prolongación de la impunidad una dosis adicional de papeleo. Se reprogramó la audiencia para el próximo jueves 17 de octubre a las dos de la tarde en la sala 4 del Centro de Justicia Penal.
Romero Calzada corrió con mayor suerte (¿o protección?), ya que el Ministerio Público no ofreció aportar otras direcciones, sino realizar actos de investigación que bien podrían comenzar en el fraccionamiento Pedregal 2ª Sección, por el rumbo de la Avenida Chapultepec. El caso es que Romero Calzada ganó más tiempo porque no se reprogramó su audiencia.
Si se trata de una integración negligente de la carpeta de investigación, malo. Si en el resultado de la investigación se omite –por la razón que sea– un dato tan elemental como la ubicación de los imputados que apenas hace unas semanas acaban de cumplir un año de haber dejado de ser funcionarios públicos, peor.
Prolongar de esa manera que prevalezca la impunidad en estos casos –y los que están pendientes contra más ex diputados– sólo abre una cada vez más fundada sospecha de una actitud burocrática cómplice, que confirma la consigna de la clase política: tapaos los unos a los otros.
